Un tribunal condenó a diez años de prisión a un hombre que cercenó la mano derecha a otro, en un hecho ocurrido en el municipio Peralta, de la provincia Azua, en el año 2024.
Eulogio Rodríguez Valdez ocasionó una herida con un arma blanca a Wilson Antonio Matos, causándole la amputación de la mano derecha.
Según consta en el expediente acusatorio, el hecho ocurrió cuando Matos se encontraba alimentando unas gallinas, y de forma sorpresiva, sin mediar palabras, Rodríguez lo atacó con un machete, causándole una lesión permanente.
El delito fue cometido en presencia de un adolescente, hijo de la víctima.
Los procuradores fiscales Franklyn Vicente y Mercedes Soriano demostraron ante el tribunal que el procesado actuó con premeditación y asechanza hacia la víctima, ya que preparó el arma blanca, tipo machete, y esperó que este se encontrara desprevenido, realizando labores avícolas, para ejecutar el ataque.
Ante este hecho y de conformidad con lo establecido en el artículo 310 parte infine del Código Penal Dominicano, el Ministerio Público solicitó la condena demostrando la responsabilidad penal del justiciable, por haber actuado contra las normas jurídicas.
Por decisión del Tribunal Colegiado de Azua, el Rodríguez cumplirá la condena en la cárcel pública kilómetro 15 de Azua.
Diez años de prisión para mujer que agredió con arma blanca a una adolescente en una escuela de Azua
Un tribunal condenó a diez años de prisión a una mujer que penetró a una escuela de Azua y agredió con un arma blanca a una adolescente de 11 años de edad.
La condena fue dictada en contra de Keila Rosanna Pérez y/o Awilda Pérez, por haber ocasionado al adolescente una herida con un bisturí en el lado izquierdo de la cara.
Según consta en el expediente, Pérez, acompañada de una hija adolescente, penetraron al interior del centro educativo donde estudiaba la víctima, lanzaron piedras al profesor que se encontraba en el recinto e inmediatamente agredieron a la adolescente.
Los procuradores fiscales Franklyn Vicente y Mercedes Soriano demostraron ante el tribunal que la procesada actuó en la violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio.
Por determinación del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Azua, la procesada deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres.
Ministerio Público solicita prisión preventiva para 3 personas por porte ilegal de armas de fuego
Un tribunal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres personas arrestadas el pasado 9 de mayo mientras se desplazaban por la avenida Mella, del sector Andrés, del municipio Boca Chica, portando dos armas de fuego de manera ilegal.
Alexander Martínez Nolasco, de 18 años de edad, y Karla Julisa Rodríguez y Ashley Mariel Sánchez Victorino, ambas de 19 años, fueron arrestados en flagrante delito y posteriormente sometidos a la justicia.
La fiscal Zaira Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este, establece en la solicitud de medida de coerción que las armas fueron ocupadas en una yipeta marca Honda CRV, color blanco, que era conducida por Rodríguez, quien a su vez estaba acompañada por Sánchez Victoriano y Martínez Nolasco.
Durante una requisa al vehículo fueron encontradas dos armas de fuego tipo pistolas, calibre 9MM, ambas marcas Glock, la primera con su cargador y 04 cápsulas para la misma, y la segunda sin cargador. En medio de la palanca de los cambios también fue encontrado un cargador para pistola, color negro, con capacidad para 30 cápsulas, teniendo este dentro 10 cápsulas para el mismo.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal, tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El Ministerio Público sostiene que la medida de coerción más idónea a imponer a los imputados en este caso es la prisión preventiva, ya que estos no ofrecen garantía para presentarse a los actos del procedimiento, porque a pesar de contar con un domicilio conocido, dada la pena que podría imponérseles por los hechos penales por los que se le investiga, existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso.
El fiscal litigante Tito González representó al Ministerio Público en la audiencia.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este 14 de mayo.
La solicitud de medida de coerción está sustentada con distintas pruebas documentales, testimoniales y materiales, incluyendo el acta de arresto en flagrante delito, así como las armas de fuego ocupadas y el vehículo en el que se desplazaban.
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