La comisión de altos oficiales designada para investigar las acciones del coronel Rafael Antonio González Herrero recomendó la cancelación de su nombramiento, tras determinar que incurrió en infracciones graves al divulgar información sensible en redes sociales, en violación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Estas acciones comprometieron la seguridad nacional y afectaron a funcionarios civiles y militares, así como a las estructuras de organismos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Según el informe presentado por la junta militar, el coronel de la Fuerza Aérea González Herrero violó disposiciones que comprometieron la disciplina, la confianza, la subordinación, la jerarquía y la integridad institucional de las Fuerzas Armadas, además del marco jurídico y los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República.
Además de sus publicaciones en redes sociales, el oficial presentó el pasado 17 de julio una denuncia ante la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia contra el vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; Luis Soto, director del DNI; y Fernando E. Haché, exjefe de seguridad de la Procuraduría, entre otros oficiales, a quienes señaló como presuntos implicados en un supuesto entramado de corrupción.
La comisión investigadora, designada por el alto mando de las Fuerzas Armadas, señala en su informe que el coronel infringió la Circular No. 6-2025 emitida por el Ministerio de Defensa, la cual prohíbe a los integrantes de las Fuerzas Armadas la publicación de videos en redes sociales, en conformidad con los artículos 189 y 190 de la Ley Orgánica, relativos a comunicación pública y declaraciones no autorizadas.
De igual manera, se aplicó el artículo 45, párrafo 3, literal L, del Reglamento Militar Disciplinario, que tipifica como falta disciplinaria la divulgación de disposiciones o información del servicio a personas no autorizadas, siempre que la acción no constituya delito.
“Las acciones del coronel repercutieron negativamente no solo en personas específicas, sino también en superiores jerárquicos y en estructuras institucionales como la DNCD, el DNI y la Procuraduría General de la República”, subraya el documento.
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