El comerciante y colono Luis Gustavo Decena denunció que un grupo de personas habría penetrado en terrenos que asegura son de su propiedad, ubicados en la parcela 509 de la inmobiliaria del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con el propósito de ocupar y levantar vivienda en el lugar.
De acuerdo con Decena, los terrenos cuentan con títulos definitivos, planos aprobados y pagos de impuestos en la Dirección General de Mensuras Catastrales, el Registro de Títulos correspondiente y el Consejo Estatal del Azúcar. El denunciante afirmó que posee la documentación legal que avalaría su derecho de propiedad desde el año 2014.
“Estamos hablando de terrenos que están debidamente registrados a mi nombre desde el año 2014. Ahora llega un grupo diciendo que son del Estado y comenzaron a construir, sin presentar ninguna sentencia ni otro tipo de documento”, expresó Decena, quien calificó la situación como un presunto abuso de poder.
Según su versión, personas que se habrían identificado como funcionarios realizaron levantamientos y marcaron áreas dentro de los terrenos, lo que habría generado preocupación entre otros propietarios de la zona, quienes, de acuerdo con el denunciante, han tenido que mantener vigilancia en sus propiedades por temor a nuevas ocupaciones.
Decena solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader Corona; del director del CEA y de Bienes Nacionales; así como de la Procuraduría General de la República, a fin de que se investigue el caso y se detengan las acciones que considera arbitrarias y contrarias al derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución.
El comerciante señaló que entre las personas que presuntamente penetraron a los terrenos y habrían derribado verjas y palizadas figuran el coronel activo de la Policía Nacional, Octavio Vargas, el funcionario gubernamental Omar Castillo García, hijo de la exdiputada y actual directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo, así como Raúl García, entre otras personas no identificadas.
Decena advirtió que, de continuar la situación, se verá en la obligación de emprender acciones legales ante los tribunales competentes y de movilizar a otros afectados.
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