El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) reclamó al Gobierno políticos una política migratoria con enfoque de derechos.
Al mismo tiempo exigió que el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina asuman con responsabilidad las conclusiones del informe final del Consejo Económico y Social (CES) sobre la crisis haitiana.
El CMDH sostiene que la política migratoria dominicana debe construirse “desde los derechos humanos y no desde el miedo ni el ultranacionalismo”, y advierte que el impacto del CES dependerá de la capacidad de los líderes para convertirlo en acciones concretas.
“El migrante no es un riesgo, es un ser humano con dignidad y derechos”, afirmó el CMDH. “La migración debe regirse por reglas claras, respeto a la dignidad y medidas que fortalezcan, no debiliten, la economía del país”.
El colectivo subraya que la política migratoria debe incluir la regularización de las personas extranjeras como el mecanismo más responsable y provechoso para ordenar la migración en el país. “Solo un proceso de regulación permitirá conocer con certeza quiénes residen en el país, garantizar información confiable para las autoridades y asegurar que las personas migrantes contribuyan al sistema de seguridad social”, añadió.
El CMDH denunció que las deportaciones masivas ejecutadas en los últimos meses violan compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana. “El respeto al debido proceso y la prohibición de expulsiones colectivas son obligaciones legales, no concesiones”, puntualizaron.
El grupo también calificó de inadmisible la práctica de enviar a la policía migratoria a hospitales públicos, considerándola “una absoluta violación” del derecho humano fundamental a la salud. “Los servicios de salud no pueden convertirse en espacios de persecución. La dignidad y la vida están por encima de cualquier estatus migratorio”, enfatizaron.
El CMDH propone la creación de un sistema de registro y control civil bajo el Ministerio de Interior y Policía para la identificación de personas migrantes, así como mecanismos de supervisión que prevengan la corrupción en la frontera y en los puntos de control migratorio.
“Una política migratoria moderna y transparente debe basarse en un registro confiable y público que ofrezca datos reales sobre la población migrante”, sostuvo el colectivo. “Una política efectiva no debe sacrificar la productividad en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, dependientes de la mano de obra extranjera”.
El CMDH valoró las posturas de los expresidentes: Fernández al proponer un comité de veeduría, Mejía al advertir sobre el riesgo de que el informe quede en “letra muerta” y Medina al definirlo como una hoja de ruta.
Sin embargo, el colectivo recalca que las declaraciones no son suficientes. “El compromiso real con la democracia y los derechos humanos se mide en la implementación de políticas públicas, no en discursos”, sostuvo el portavoz. “Gobierno y expresidentes deben garantizar que lo acordado en el CES se convierta en una política migratoria justa y transparente”.
El CMDH anunció que se mantendrá vigilante y convocó a la sociedad civil, a los organismos internacionales y a los sectores productivos a exigir que las conclusiones del CES se traduzcan en una política migratoria que garantice derechos, transparencia y sostenibilidad económica, lejos de las posturas xenófobas y excluyentes.
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