La actriz y comunicadora Cheddy García se presentó este miércoles ante la Procuraduría General de la República junto a su abogado, Carlos Ventura, para dar seguimiento al caso del presunto allanamiento irregular y robo ocurrido en el apartamento de su hija, Chelsy Bautista, quien actualmente se encuentra en China.
García explicó que, tras un largo proceso de denuncias y gestiones ante distintas instancias, finalmente fueron citados por las autoridades para presentar formalmente su versión como querellantes. Según relató, la querella fue interpuesta inicialmente ante el Ministerio de Interior y Policía, donde —afirmó— se levantaron huellas digitales y se logró identificar a las personas que habrían ingresado a la vivienda sin autorización.
"Estamos esperando que el gobierno se responsabilice porque ya las prendas no van a aparecer, y que esto sirva de precedente para este tipo de allanamientos que se cometen a diario vulnerando la privacidad de muchos dominicanos", expresó la artista con evidente indignación.
La Procuradora Adjunta convocó a las partes
El abogado Ventura informó que la cita fue realizada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, con el objetivo de escuchar la posición de las denunciantes dentro del proceso investigativo. El jurista aseguró que las autoridades ya están apoderadas del caso y avanzan en las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
De acuerdo con Ventura, el operativo policial habría sido ejecutado por error, mientras se perseguía a una persona vinculada a un proceso judicial distinto, lo que derivó en la entrada ilegal al inmueble de Chelsy Bautista.
"A todas luces se trató de un allanamiento por error", afirmó el abogado, al tiempo que subrayó que las actuaciones de los cuerpos de seguridad deben ajustarse estrictamente al marco legal y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un caso que pone en debate los límites del accionar policial
El episodio reabre el debate sobre los derechos ciudadanos frente a las intervenciones del Estado y los mecanismos de rendición de cuentas cuando las instituciones cometen errores que afectan a personas inocentes. La exigencia de García apunta no solo a obtener justicia en su caso particular, sino a que la situación funcione como señal de alerta para evitar que hechos similares se repitan en perjuicio de otros dominicanos.
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