El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, exhortó a fortalecer las evaluaciones psicológicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al advertir que la falta de controles adecuados puede derivar en hechos violentos, incluyendo homicidios y suicidios, con un impacto directo en la seguridad de las mujeres.
A través de una publicación en su cuenta de X, el prelado reconoció el compromiso y la disciplina que caracterizan a quienes integran estos cuerpos, pero señaló que los conflictos familiares, de pareja y emocionales, sumados al estrés propio del ejercicio militar y policial, requieren una atención más profunda desde la salud mental, especialmente cuando se trata de personal autorizado a portar armas de fuego.
Castro Marte indicó que, aunque existen evaluaciones básicas para el ingreso a las instituciones, resulta urgente implementar entrevistas psicológicas periódicas, pruebas clínicas, evaluaciones del estado de ánimo y análisis cognitivos que permitan determinar si una persona mantiene las condiciones mentales necesarias para ejercer funciones armadas, independientemente de su rango.
En su pronunciamiento, el obispo advirtió que la combinación de altas exigencias de disciplina, lealtad y sentido del deber, junto a trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático o abuso de sustancias, puede convertirse en un factor de riesgo cuando no se identifican y tratan a tiempo, generando escenarios de violencia con consecuencias trágicas.
El religioso puso especial énfasis en la protección de la vida de las mujeres, al señalar que su creciente empoderamiento social y profesional no debe ser interpretado como una amenaza. “Debemos honrar, proteger y respetar la vida de la mujer”, expresó, al subrayar que la violencia no puede justificarse desde conflictos de poder ni desde relaciones desiguales.
El llamado del obispo se produce en un contexto de preocupación social por hechos recientes de violencia, y reaviva el debate sobre la necesidad de políticas públicas más estrictas en materia de salud mental, control de armas y prevención de la violencia de género.
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