El proceso judicial contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez llegó a uno de sus momentos más determinantes desde que comenzó hace cinco años. Antes de que el Ministerio Público inicie la presentación de las pruebas en el juicio de fondo, la defensa del exfuncionario ha recurrido a la que probablemente constituye su principal estrategia procesal: solicitar la extinción de la acción penal por alegada violación al plazo máximo de duración del proceso.
Tras escuchar durante varias horas los argumentos de la defensa y la respuesta del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó la audiencia hasta este miércoles 29 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará el conocimiento del incidente y decidirá si el proceso avanza a la fase probatoria o si acoge la petición presentada por los abogados del exprocurador.
La decisión es considerada clave porque definirá si el tribunal entra finalmente al análisis de las pruebas que sustentan la acusación o si el proceso toma un rumbo distinto por una cuestión estrictamente procesal.
La estrategia de la defensa
Jean Alain Rodríguez sostiene que el proceso ha superado ampliamente el plazo máximo previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal.
Durante la audiencia, afirmó que la investigación comenzó en agosto de 2020 y que el expediente acumula casi seis años sin una sentencia definitiva. A su juicio, las demoras no pueden ser atribuidas a la defensa, ya que —argumentó— ningún tribunal ha establecido que sus abogados hayan incurrido en maniobras dilatorias que justifiquen extender el plazo legal.
Los abogados del exprocurador también señalaron que parte del tiempo transcurrido responde a la duración de la investigación, al volumen del expediente, a la entrega de las pruebas digitales por parte del Ministerio Público y a diversos aplazamientos registrados durante la audiencia preliminar.
Con esos argumentos solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal.
El Ministerio Público rechaza la solicitud
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió al tribunal rechazar el incidente al considerar que carece de fundamento jurídico.
La procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo que la defensa intenta impedir que el juicio avance hacia la presentación de las pruebas y recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que la extinción no procede automáticamente por el simple transcurso del tiempo, sino que deben evaluarse factores como la complejidad del caso, el comportamiento de las partes y las razones que provocaron las demoras.
Ortiz afirmó además que durante la audiencia la defensa intentó extender el tiempo concedido para exponer sus argumentos, pese a que el tribunal había fijado un límite para esa intervención.
En la misma línea, el procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que el proceso ha respetado las garantías constitucionales y que corresponde continuar con el juicio para que el tribunal conozca las evidencias recopiladas durante la investigación.
¿Qué sigue procesalmente?
La decisión que adopte el Segundo Tribunal Colegiado marcará el siguiente paso del caso.
Si el tribunal rechaza la solicitud de extinción, el juicio entrará plenamente en su etapa de fondo. En esa fase, el Ministerio Público presentará su teoría del caso y comenzará a incorporar las pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que busca demostrar la presunta responsabilidad penal de Jean Alain Rodríguez y los demás acusados.
Posteriormente, las defensas podrán objetar las pruebas, contrainterrogar a los testigos, presentar sus propios medios de descargo y formular sus conclusiones antes de que el tribunal emita una sentencia.
Si, por el contrario, el tribunal acoge la solicitud, la acción penal respecto del exprocurador quedaría extinguida, aunque esa decisión podría ser objeto de los recursos previstos en la legislación procesal penal.
Un expediente considerado de alta complejidad
El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez de dirigir una presunta estructura de corrupción que habría operado durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.
La acusación incluye cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos, lavado de activos y otros delitos.
El expediente, declarado complejo por la cantidad de imputados y el volumen de pruebas, supera las 12,000 páginas y contiene miles de evidencias documentales y digitales.
Línea de tiempo: del expediente al juicio de fondo
24 de junio de 2021
Jean Alain Rodríguez es impedido de salir del país cuando intentaba viajar al extranjero, en medio de las investigaciones del Ministerio Público.
29 de junio de 2021
El Ministerio Público ejecuta la denominada Operación Medusa y arresta al exprocurador junto a varios exfuncionarios de la Procuraduría General de la República.
13 de julio de 2021
La jueza Kenya Romero impone 18 meses de prisión preventiva a Jean Alain Rodríguez y declara el expediente como un caso complejo.
9 de julio de 2022
El Ministerio Público deposita la acusación formal contra Jean Alain Rodríguez y los demás imputados.
12 de agosto de 2022
Comienza la audiencia preliminar ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
2022-2024
La audiencia preliminar se prolonga durante casi dos años debido a numerosos incidentes, recursos, aplazamientos y debates procesales promovidos por las partes.
28 de junio de 2024
El juez Amauri Martínez dicta auto de apertura a juicio y envía el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
1 de mayo de 2025
El tribunal sustituye el arresto domiciliario y retira el grillete electrónico a Jean Alain Rodríguez, aunque mantiene el impedimento de salida del país y la garantía económica.
22 de julio de 2026
Inicia el juicio de fondo. Antes de que el Ministerio Público presente las pruebas, la defensa solicita la extinción de la acción penal por alegada violación al plazo máximo de duración del proceso.
27 de julio de 2026
La defensa concluye la presentación de sus argumentos y el Ministerio Público solicita rechazar el incidente. El tribunal recesa la audiencia hasta el miércoles 29 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará el conocimiento de la solicitud de extinción y decidirá el curso inmediato del proceso.
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