Carmen Rosa, la mujer que permanece viviendo en condición de calle en la isleta ubicada entre la avenida Rómulo Betancourt y la avenida Antonio Guzmán Fernández (Privada), en el Distrito Nacional, afirma que no quiere ser trasladada a centros de atención porque las experiencias que ha vivido anteriormente le hicieron perder la confianza en quienes han intentado ayudarla.
Durante una conversación con Acento, Carmen Rosa explicó que no rechaza la solidaridad de las personas que le llevan alimentos o agua, pero sí desconfía de las propuestas para llevarla a instituciones o al cuidado de terceros.
"A veces no es bueno recibir cualquier ayuda porque no sabemos el corazón de la gente. Yo no acepto ayuda así ya. He pasado demasiada frustración en los sitios que me han querido ayudar", expresó.
Al preguntarle si había recibido malos tratos en lugares donde intentaron asistirla, respondió: "Usted no me crea. Yo me siento mejor así".
También dejó claro que acepta únicamente la ayuda voluntaria de quienes se acercan a ella, pero rechaza sentirse tratada como una persona que vive de la limosna.
"Si usted me quiere dar, que me dé. Yo no estoy de limosna. He pasado demasiado", dijo.
Según relató, una de las experiencias que más la marcó ocurrió cuando buscó refugio con una persona que aseguraba ser familiar suyo.
"Me fui un fin de semana a ver si podía pasar con una persona que se decía que era familia mía y me trató como una perra. Yo no quiero que me conozcan ya", manifestó.
Carmen Rosa también contó que no tiene hijos ni familiares que puedan hacerse cargo de ella.
Las declaraciones surgen días después de que ciudadanos solicitaran la intervención de las autoridades para brindarle asistencia, al observar que permanece de forma permanente en ese tramo de la ciudad, donde duerme y pasa sus días expuesta a las condiciones del clima y al tránsito vehicular.
Un desafío para la atención en salud mental
El caso de Carmen Rosa refleja una de las principales dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de atender a personas en condición de calle con posibles trastornos de salud mental: la atención no depende únicamente de la existencia de servicios, sino también de generar confianza y ofrecer intervenciones respetuosas de la dignidad y los derechos de la persona.
En República Dominicana, la Ley 12-06 sobre Salud Mental establece el marco legal para proteger los derechos de las personas con trastornos mentales y desarrollar una red de atención especializada. La normativa contempla servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.
Sin embargo, especialistas y organizaciones han señalado que la aplicación de la ley enfrenta importantes limitaciones. Entre ellas figuran la insuficiencia de unidades especializadas, la escasez de psiquiatras y psicólogos, el bajo presupuesto destinado a salud mental y las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos a través del sistema de seguridad social.
Estas limitaciones dificultan que personas en situación de vulnerabilidad reciban atención oportuna antes de llegar a vivir en las calles y, posteriormente, complican los procesos de rehabilitación y reintegración social.
El caso de Carmen Rosa también evidencia que, además de fortalecer la infraestructura y los servicios de salud mental, las políticas públicas deben contemplar estrategias de acompañamiento comunitario, intervención psicosocial y construcción de confianza con personas que, tras experiencias traumáticas, rechazan el contacto con las instituciones.
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