La Cámara de Cuentas instaló este sábado una Mesa de Control Social en Santo Domingo Norte, un espacio que busca canalizar observaciones y propuestas de organizaciones comunitarias sobre el manejo de los recursos públicos.
La iniciativa reúne a representantes de juntas de vecinos de Villa Mella Norte y Sur, Sabana Perdida Norte y Sur, Guaricano y comunidades rurales, además de organizaciones juveniles, religiosas, deportivas y culturales, clubes de madres, fundaciones y otras entidades de la sociedad civil.
Durante el acto, celebrado en el Aula Magna de la Universidad UNISNORTE, representantes de las organizaciones participantes plantearon la necesidad de que la ciudadanía disponga de mecanismos para aportar información y formular observaciones sobre la gestión pública. Dory Díaz, en representación de las entidades que integran la Mesa, sostuvo que las comunidades buscan participar con información y objetividad.
La Cámara de Cuentas explicó que las Mesas de Control Social tienen un carácter deliberativo y propositivo y que sus funciones no sustituyen las facultades constitucionales y legales del órgano fiscalizador para realizar auditorías, investigaciones y fiscalizaciones. El director de Control Social de la institución, Bernardo Matías, señaló que estos espacios permiten organizar y canalizar los aportes de las comunidades hacia los mecanismos institucionales correspondientes.
La entidad también presentó otros mecanismos de participación ciudadana, entre ellos Ojo Ciudadano, plataforma mediante la cual se pueden presentar reportes y denuncias con evidencias y dar seguimiento mediante un código; y La Cámara te Escucha, jornadas de orientación en comunidades sobre las funciones del órgano fiscalizador y las vías para suministrar información sobre posibles irregularidades.
La Mesa de Santo Domingo Norte se suma a iniciativas similares impulsadas por la Cámara de Cuentas en Santiago de los Caballeros y otros sectores del país. Su efectividad, sin embargo, dependerá de que las observaciones y denuncias ciudadanas puedan traducirse en procesos de fiscalización verificables y en resultados concretos sobre el uso de los fondos públicos.
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