El informe derivado de la investigación especial efectuada al Ministerio de Hacienda por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) revela nuevas irregularidades vinculadas al pago de obligaciones administrativas. Estas anomalías financieras suman un monto adicional de RD$ 25 mil millones, correspondiente al período de gestión de Donald Guerrero como ministro de Hacienda entre 2016 y 2020).
El informe detalla pagos asociados a expropiaciones efectuados sin la debida documentación de respaldo (RD$ 9,524,528,541), saldos de deudas administrativas sin constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales (RD$ 8,640,276,546), así como desembolsos por sentencias condenatorias sin evidencia de haber adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada (RD$ 7,163,768,655).
La Cámara de Cuentas ha realizado dos fiscalizaciones a la gestión de Donald Guerrero, exministro de Hacienda. La primera revisión, de carácter financiero y tuvo alcance limitado, señaló irregularidades menores,
No obstante, en esta segunda se ha llevado a cabo una investigación especial de mayor profundidad, que identificó un número superior de anomalías, incluyendo presuntos actos de malversación de fondos y manejo inadecuado de recursos públicos durante el período evaluado.
Los resultados de esta investigación especial, respaldada por evidencia documental relevante, fueron remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con el propósito de fortalecer el proceso legal vigente contra los exfuncionarios de Hacienda.
Pagos de expropiación sin documentación
El informe emitido por el órgano superior señala que, durante la verificación de expedientes relacionados con pagos por expropiación efectuados bajo acuerdos y contratos de compraventa celebrados por el Estado, se detectaron irregularidades significativas.
En estos procedimientos, se constató que el Ministerio de Hacienda realizó desembolsos ascendentes a RD$ 9,524,528,541 a beneficiarios que no presentaron la documentación exigida, como títulos de propiedad, certificaciones legales u otros documentos que acreditaran su capacidad y legitimidad jurídica para recibir dichos fondos.
“(…) pudiendo el Estado incurrir en afectación de derechos legítimos de terceros y expuesto a demandas por haber erogado pagos en favor de personas a las cuales no le correspondía”, subraya en su informe la Cámar
Conforme al ente fiscalizador, los expedientes de pagos por expropiación presentan como documentos faltantes los títulos de propiedad a nombre de los beneficiarios, la sentencia de homologación para la determinación de heredero y partición de bienes, así como la certificación actualizada del estado jurídico, entre otros requisitos.
Expedientes de deuda sin cumplimiento fiscal
Otra irregularidad identificada en el informe pericial se refiere a los pagos tratados como sucesiones, por un monto de RD$ 8,640,276,546. Según lo señalado, no se evidenció el cumplimiento del pago de los impuestos sucesorales
Este incumplimiento puede conllevar una evasión fiscal considerable, así como una infracción directa de las normativas legales aplicables que regulan las herencias y sucesiones en el país, reza el documento.
La Cámara indica que la Ley 2569-50 sobre Sucesiones y Donaciones, modificada por las leyes 288-04 y 173-07 (artículo 1), dispone lo siguiente:
“Queda sujeta al pago del impuesto sucesoral, toda transmisión de bienes muebles o inmuebles por causa de muerte, sin distinguir el caso en que la transmisión se opere por efecto directo de la Ley, de aquel en que se realiza por disposición de última voluntad del causante (…)”.
Pagos de sentencias sin firmeza judicial definitiva
De acuerdo con el informe de la auditoría, el Ministerio de Hacienda realizó pagos por concepto de expropiaciones que totalizan RD$ 7,163,768,655, conforme a sentencias judiciales emitidas contra el Estado. Sin embargo, la investigación evidenció la ausencia de certificaciones oficiales que confirmen la inexistencia de recursos legales presentados en contra de dichas sentencias.
La ausencia de estas certificaciones no solo afecta la seguridad jurídica en los desembolsos, sino que también puede dar lugar a observaciones legales y administrativas, poniendo en entredicho la procedencia y validez de los pagos, indica.
Es importante señalar que estas certificaciones resultan fundamentales para asegurar que las resoluciones judiciales sean reconocidas como finales e inapelables, permitiendo que los pagos efectuados por el Estado se realicen con legitimidad, transparencia y conforme a la normativa aplicable.
“Las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales que condenen al Estado, al Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos o descentralizados no financieros, al pago de sumas de dinero, una vez adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, serán satisfechas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia”, según indica que el artículo 3 de la Ley 86.11.
Las irregularidades financieras señaladas en el informe de la Cámara de Cuentas conllevan repercusiones legales para el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, así como para exfuncionarios de los departamentos administrativo y financiero que aprobaron procedimientos de pago no contemplados en la normativa vigente bajo diversos conceptos, según el dispositivo legal del informe.
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