Las aseguradoras deberán revisar sus mecanismos de prevención, supervisión y cumplimiento ante las disposiciones del nuevo marco penal sobre la responsabilidad de las empresas y sus ejecutivos, advirtió Wilfredo Baquero Ginebra, presidente de la junta directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).
El tema fue abordado durante el encuentro Nuevo Código Penal y la industria aseguradora, en el que juristas, jueces, fiscales y representantes del sector analizaron las implicaciones de las leyes 74-25 y 44-26 para las organizaciones, sus administradores y la gestión de riesgos.
Uno de los puntos centrales fue la necesidad de que los programas de cumplimiento no se limiten a documentos formales, sino que funcionen en las operaciones diarias de las empresas.
La jurista y especialista en derecho penal María del Pilar Zuleta Gómez explicó que la responsabilidad empresarial requiere prestar atención a las acciones y omisiones, así como a los deberes de dirección, control y supervisión de las juntas directivas y los administradores. Los programas de cumplimiento, indicó, deben ser efectivos y medibles.
El encuentro reunió a 235 participantes, incluidos más de 150 altos ejecutivos de aseguradoras, 60 intermediarios, autoridades de la Superintendencia de Seguros y representantes del ámbito jurídico y empresarial.
Qué riesgos pueden cubrir las aseguradoras
Las nuevas disposiciones también plantean interrogantes sobre el alcance de las pólizas que protegen a las empresas y sus ejecutivos.
El abogado Luis Miguel Pereyra, especialista en derecho comercial y constitucional, analizó las implicaciones para los seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos (D&O), responsabilidad civil, responsabilidad profesional (E&O), ciberriesgos y crimen.
Pereyra señaló que los programas de cumplimiento pueden influir en la evaluación de riesgos y en las condiciones de aseguramiento, aunque existen límites legales para la cobertura de sanciones penales y conductas dolosas.
La discusión también abarcó los criterios para investigar posibles delitos dentro de las organizaciones. Mirna Johanna Ortiz Fernández, directora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó aspectos como la preservación de evidencias, las alertas internas y la respuesta de las empresas ante irregularidades.
Desde el ámbito judicial, las juezas y jueces Kenya Scarlett Romero Severino y Amauri Marcos Martínez Abreu abordaron la distinción entre la responsabilidad individual y la empresarial, el debido proceso y la importancia de documentar las decisiones corporativas.
Por su parte, Fernando Langa Ferreira, especialista en derecho de seguros y regulación, planteó la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión de las juntas directivas, las líneas de reporte y los controles sobre las relaciones con intermediarios y proveedores.
Para Cadoar, estos cambios representan un desafío para el gobierno corporativo de las aseguradoras y abren la discusión sobre las soluciones de protección que puede ofrecer la industria frente a los nuevos riesgos legales.
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