Un informe de investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) registró una compra de libros de texto digitales por RD$486,709,776 realizada por el Ministerio de Educación para el año escolar 2020-2022. El documento señala la falta de evidencia suficiente respecto de la administración, el despacho y la distribución final de los materiales adquiridos.
El informe definitivo examinó los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, así como nóminas, correspondientes al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022, durante la gestión del exministro Roberto Fulcar.
Esta investigación especial se suma a la auditoría financiera publicada en agosto pasado sobre los estados financieros del Ministerio de Educación correspondientes al período 2019-2020, en la cual también se documentaron múltiples irregularidades por miles de millones de pesos.
De acuerdo con el informe, publicado este miércoles por el Pleno de la Cámara de Cuentas, la observación principal corresponde a los lotes 11, 13, 15 y 16 del proceso de excepción por exclusividad MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, mediante el cual fueron adjudicados libros digitales de inglés, educación artística, formación integral humana y religiosa, y educación física para el segundo ciclo de primaria.
El documento indica que los pagos fueron realizados entre febrero y abril de 2022, y que no se pudo comprobar, mediante documentos, la salida de almacén ni la entrega efectiva de esos bienes a sus destinatarios finales.
Los libramientos
Según la Cámara de Cuentas, los libramientos revisados muestran que Editorial Santillana S. A., recibió RD$152,207,750 por 608,831 libros digitales de inglés correspondientes al lote 16; Editorial Alfa & Omega SRL recibió RD$127,854,510 por libros digitales de educación artística del lote 15; Ediciones Salomé SRL recibió RD$124,810,355 por materiales de formación integral humana y religiosa del lote 11; y Editorial Inicia S. A. recibió RD$81,837,161 por libros digitales de educación física del lote 13. En conjunto, las cuatro adjudicaciones sumaron RD$486,709,776.
La investigación documenta que la ausencia de conduces, documentos de salida y reportes confiables impidió verificar que los libros llegaran a los estudiantes. El informe indica que esa falta de trazabilidad afectó la posibilidad de comprobar el destino final de los materiales adquiridos.
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación informó, mediante una comunicación recibida el 18 de septiembre de 2024, que no disponía de la documentación que sustentara las salidas de almacén de los libros de texto adquiridos en los procesos auditados.
Por su parte, la Dirección Docente de Medios Educativos indicó, el 16 de septiembre de 2024, que solo había recibido reportes de 44 distritos “medianamente correctos” y cinco cartas que justificaban la ausencia de los conduces solicitados. Esa respuesta interna concluyó con una advertencia: era necesaria una medida correctiva urgente para evitar que situaciones similares se repitieran.
La exadministración del Ministerio de Educación, encabezada entonces por Roberto Fulcar, sostuvo en una comunicación del 3 de julio de 2026 que la distribución de los libros físicos adquiridos mediante el proceso MINERD-CCC-PEEX-2021-0001 se realizó conforme a la estructura operativa y logística oficial del ministerio. Según esa respuesta, la entrega se habría desarrollado de forma escalonada: del nivel central a las regionales, de las regionales a los distritos, de los distritos a los centros educativos y, finalmente, de los centros a los estudiantes.
El informe mantuvo como punto observado la falta de evidencia completa y suficiente para verificar la distribución final de los materiales adquiridos.
El informe cita el Decreto 491-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno. Esa normativa establece el principio de responsabilidad de los servidores públicos, quienes deben rendir cuentas sobre la forma en que se recaudan, manejan e invierten los recursos públicos, así como sobre los resultados obtenidos. También menciona normas de control de inventarios que exigen políticas y procedimientos internos para la administración y gestión de bienes.
El documento señala que las normas de control interno exigen registros y procedimientos para la administración de bienes, incluidos los procesos de recepción, almacenamiento, despacho y entrega final.
La investigación también documentó debilidades en las condiciones de conservación y seguridad de libros de texto y equipos informáticos almacenados por el MINERD.
Durante una visita realizada el 13 de noviembre de 2024 a los almacenes ubicados en la zona industrial de Haina y en la Prolongación Monumental de la autopista Duarte, el equipo auditor identificó ausencia de cámaras de vigilancia y alarmas, falta de ventilación adecuada, carencia de extintores en uno de los almacenes y deficiencias de iluminación en el área de almacenamiento.
El informe relaciona esas condiciones con debilidades en la conservación y seguridad de los bienes almacenados. En síntesis, la investigación consignó observaciones relevantes sobre la trazabilidad documental de los materiales educativos adquiridos y sobre las condiciones de conservación y seguridad de bienes almacenados por el MINERD.
Lo que dicen Roberto Fulcar sobre la auditorías
El exministro de Educación, Roberto Fulcar, afirmó este miércoles en una nota en viada a los medios de comunicación, que la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Ministerio de Educación, correspondiente al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022, no encontró irregularidades en la gestión encabezada por el entonces ministro de Educación, Fulcar; sus conclusiones solo hablan de observaciones y puntos de mejora.
La investigación especial examinó los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de recursos financieros, adquisiciones de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas del Ministerio de Educación. Sus resultados adquieren una dimensión particular al considerar las circunstancias extraordinarias en las que se desarrolló la gestión auditada, el momento más complejo que ha enfrentado el sistema educativo dominicano, que coincidió con la pandemia del COVID-19.
Durante ese período fue necesario adoptar decisiones extraordinarias para garantizar la continuidad de los procesos educativos, responder a las nuevas condiciones sanitarias, atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias y mantener en funcionamiento uno de los sistemas públicos de mayor dimensión del país, por involucrar a millones de actores directos e indirectos.
El propio informe de la CCRD reconoce que las circunstancias derivadas de la pandemia y las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas afectaron o pudieron afectar determinados procesos administrativos y de ejecución, incluyendo situaciones vinculadas con proyectos de infraestructura educativa.
Las observaciones y las oportunidades de mejoras
El informe establece recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos del ministerio de Educación, entre ellas mejorar los mecanismos de selección y contratación, fortalecer el resguardo de la documentación, mejorar controles administrativos y de inventario y reforzar distintos procesos institucionales.
Tales observaciones se refieren a situaciones administrativas, documentales, contables, procedimentales o de control interno que requieren corrección o fortalecimiento y que, al ser limitadas a registros y asuntos administrativos y operativos, no constituyen irregularidades.
Para Fulcar, la existencia de recomendaciones de mejora forma parte de la dinámica de una administración pública sometida a fiscalización. “Una auditoría seria permite identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o perfeccionarse. Eso forma parte de la responsabilidad de una buena gestión pública”, afirma.
Uno de los aspectos relevantes del informe es que establece que la administración auditada presentó documentación sobre diversas medidas adoptadas durante su gestión para enfrentar debilidades preexistentes y fortalecer los sistemas administrativos.
En materia de clasificación contable y presupuestaria, por ejemplo, la exadministración documentó que una situación relacionada con la clasificación de gastos había sido identificada y corregida mediante Acto administrativo de fecha 5 de marzo de 2022, además de haberse gestionado acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la cual se firmó un Convenio de Colaboración.
En materia de inventarios, el informe revela que durante la gestión fueron adoptadas medidas dirigidas al fortalecimiento progresivo de los mecanismos de control, organización, validación y actualización de los registros.
En relación con la documentación de los expedientes del personal, la administración informó que al inicio de su gestión identificó debilidades preexistentes y puso en marcha procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar los expedientes administrativos, al tiempo que estableció controles para que las nuevas designaciones contaran con la documentación requerida.
Estos hechos permiten colocar las observaciones dentro de una perspectiva más amplia. Existían debilidades institucionales heredadas por la gestión Fulcar, que fueron identificadas y durante la gestión se adoptaron acciones para superarlas.
Otro elemento que debe ser considerado en la lectura del informe es la delimitación temporal de las responsabilidades. La investigación comprende hasta el 3 de agosto de 2022; en consecuencia, las actuaciones posteriores a esa fecha corresponden a administraciones posteriores y no pueden ser atribuidas a la gestión evaluada.
El propio informe identifica expresamente situaciones cuya actuación correspondió a la gestión posterior a la auditada. Es el caso de determinados contratos de adquisición de dispositivos tecnológicos rescindidos por incumplimiento de los adjudicatarios, respecto de los cuales la CCRD señala que la no ejecución de determinadas garantías correspondió a la gestión posterior.
La misma lógica debe aplicarse a las medidas de mejora. “Las medidas que correspondía implementar durante nuestra administración fueron identificadas y puestas en marcha. Si posteriormente algunas de ellas no tuvieron continuidad, esa responsabilidad corresponde a las administraciones posteriores y no a la gestión auditada”, afirmó Fulcar.
El exministro afirmó que la principal satisfacción derivada del Informe de Auditoría de la Cámara de Cuentas a su gestión es que ha quedado evidenciado que, aún en medio de un escenario extraordinariamente complejo, la gestión que encabezó mantuvo como principios la ética, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública.
“La pandemia no podía convertirse en una excusa para abandonar los principios de transparencia y responsabilidad. Al contrario: mientras más extraordinarias son las circunstancias, mayor debe ser el compromiso ético de quienes administran recursos públicos”, agregó.
“Nos correspondió gestionar la educación dominicana en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Lo hicimos enfrentando enormes desafíos y procurando dejar procesos, controles y soluciones en marcha. Hoy, frente a una investigación especial de la Cámara de Cuentas, tenemos la tranquilidad de que no se encontraron irregularidades en nuestra gestión”.
Roberto Fulcar reiteró que recibe el informe con respeto institucional y con la satisfacción de que la gestión que encabezó haya sido sometida al escrutinio del órgano constitucional de fiscalización externa.
“Siempre hemos defendido que la gestión pública debe ser evaluada con documentos, con evidencias y con responsabilidad. Hoy esos documentos están disponibles para que la sociedad conozca lo ocurrido y pueda formarse su propia valoración”, concluyó el 02 de septiembre de 2026.
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