Edenorte acumuló observaciones millonarias en compras públicas revisadas por la Cámara de Cuentas del periodo 2012 al 2020; la auditoría expone fallas administrativas en expedientes de alto valor, identifica a funcionarios y consejos que dirigieron la institución durante el período examinado, y señala a empresas contratistas que aparecen de forma reiterada en procesos marcados por irregularidades relevantes.
La revisión cubrió los procesos ejecutados durante el gobierno de Danilo Medina (2012–2020). Entre ellos figuran licitaciones públicas, comparaciones de precios, compras por urgencia, contrataciones por exclusividad, proveedor único y emergencias, según el documento auditado.
Las fallas señaladas no se concentran en un solo año ni en una única modalidad de contratación; aparecen distribuidas en distintos expedientes donde figuran empresas como Transformadores Solomon Dominicana S.A.S., Electrocable Aluconsa, Distribuidora Laugama y consorcios vinculados a Solomon, Telecsa, Aluconsa y LeanQ, de acuerdo con la Cámara de Cuentas.
Quiénes dirigían la institución
El informe también identifica a los principales funcionarios y miembros de los órganos de dirección de Edenorte durante el período auditado. Entre enero de 2012 y diciembre de 2020, el Consejo Administrativo estuvo presidido primero por Nelson María Sánchez Vásquez, entre 2012 y 2014, y luego por Eliceo Marciano López, entre 2014 y 2020.
En ese consejo también figuran Bélgica Miguelina Infante Sánchez como vicepresidenta; Juan Quilvio Rafael Grullón Ceballos como secretario; y Marcelo Felipe Bermúdez Estrella, Charles Salomón Jorge Imbert, David Amaury Tavárez López y Lorenzo de Jesús Escolástico como vocales, todos registrados para el período 2016-2020.
Desde septiembre de 2020 aparece además el Consejo Unificado, encabezado por Antonio Almonte Reyno como presidente; en ese órgano fueron registrados George Ángel Reinoso Núñez como vicepresidente hasta octubre de 2021, Andrés Enmanuel Astacio Polanco como secretario, Tulio Antonio Rodríguez Tejada como vicepresidente interino, y Ángel Enmanuel Raposo Flores, Luis Joaquín Miura Ramírez, Ricardo José Gómez Canaán, Rubén Darío de Jesús Reynoso Fernández, Jorge Ramón Rodríguez Dabas, José Manuel Santelises Haché y Bienvenido Antonio Mejía García como vocales o integrantes del consejo.
Pliegos aprobados sin dictamen jurídico previo
Uno de los hallazgos se refiere a tres licitaciones adjudicadas a Transformadores Solomon Dominicana por RD$133,269,381. Según la Cámara de Cuentas, Edenorte aprobó los pliegos de condiciones sin contar previamente con el dictamen jurídico que debía revisar y validar esos documentos.
El entonces gerente de compras, Cornelio González, dijo en una comunicación dirigida a la Cámara de Cuentas que no sabía con certeza por qué ocurrió la omisión; mencionó posibles causas, como documentos traspapelados, desconocimiento del personal o descuido en el archivo. El exgerente general Julio César Correa afirmó a los auditores que en ese momento el dictamen jurídico no se veía como un requisito esencial y que su ausencia respondía a una práctica administrativa usada en la institución.
Omisión en procesos millonarios
El señalamiento de mayor peso económico tiene que ver con la publicación de los procesos; la Cámara de Cuentas dijo que once procedimientos por RD$1,139,837,265 y otros once en dólares, equivalentes a RD$1,132,668,701.57, no cumplieron con requisitos de publicación en el portal institucional. La suma de esos dos grupos llega a RD$2,272,505,966.57.
El informe también indica que otros cuatro procesos, por RD$319,267,021, fueron publicados después de haber sido adjudicados. Al juntar ambos bloques, las observaciones relacionadas con publicidad alcanzan unos RD$2,591.7 millones.
En términos prácticos, la ley exige que estos procesos sean visibles para que los interesados puedan conocerlos, participar y revisar el expediente. La Cámara de Cuentas citó la Ley 340-06 y el Decreto 543-12, que establecen reglas de transparencia, publicidad y libre acceso a la información de las compras públicas.
Las explicaciones dadas por las autoridades apuntaron a desconocimiento, olvidos, errores del sistema o fallas del personal encargado de subir los documentos; la administración anterior habló de limitaciones técnicas del portal. La administración actual dijo que Edenorte fue habilitada en el portal transaccional en diciembre de 2018 y que algunos procesos sí tenían evidencia de publicación.
Peritos fuera del acto formal
Otro bloque señalado por la auditoría incluye doce procesos por RD$812,243,415; en esos expedientes, los informes técnicos y económicos fueron firmados por peritos designados y también por otros servidores que no habían sido autorizados formalmente por el Comité de Compras y Contrataciones.
La observación no cuestiona necesariamente si esas personas sabían o no del tema. El punto señalado por la Cámara de Cuentas es más formal: quienes evaluaban las ofertas debían estar autorizados mediante el acto administrativo correspondiente.
La exadministración respondió al informe preliminar que los peritos se escogían en las áreas técnicas según su experiencia. Aun así, la Cámara de Cuentas mantuvo la observación y dijo que, por el monto y la naturaleza del hallazgo, podían existir indicios adicionales de responsabilidad penal, algo que tendría que ser valorado por las autoridades competentes.
Órdenes emitidas antes de adjudicar
Otro punto delicado fue la emisión de órdenes de compra antes de completar la adjudicación o la notificación formal. La Cámara de Cuentas revisó catorce procedimientos por RD$ 1,566,177,627.56 en los que, según el informe, las órdenes se hicieron antes de los actos administrativos que debían respaldarlas.
Dentro de ese grupo había procesos en pesos por RD$706,514,236 y procesos en dólares equivalentes a RD$859,663,391.56; uno de los casos citados es la licitación EDN-LPN-013-2014, donde las órdenes de compra fueron fechadas el 31 de diciembre de 2014, antes de actos de adjudicación y notificaciones emitidos en enero de 2015.
Los funcionarios de compras dieron distintas explicaciones; hablaron de ganar tiempo, usar el presupuesto antes del cierre del año, falta de firmas, errores de fecha, instrucciones superiores o conocimiento previo de cuál era el proveedor. La administración anterior sostuvo que, en algunos casos, actuó para no afectar el presupuesto del año siguiente o para mantener la operación en marcha, según el documento.
La Cámara de Cuentas no aceptó esas explicaciones como suficientes y mantuvo la observación. El informe dice que ese tipo de práctica podía afectar principios básicos de las compras públicas, como igualdad, responsabilidad y razonabilidad.
Contratos ausentes y contratos tardíos
La auditoría también encontró procesos adjudicados a Transformadores Solomon en los que, según los auditores, debió firmarse un contrato y no se hizo. Esa ausencia de contratos involucró RD$5,162,515 y US$373,453, para un total equivalente a RD$22,492,532.44.
La exadministración respondió al órgano fiscalizador que eran compras directas o casos de proveedor único, y que la orden de compra bastaba como documento de respaldo. La Cámara de Cuentas entendió lo contrario: por los montos y el tipo de procedimiento, debía existir un contrato formal.
La investigación especial también menciona cuatro contratos firmados fuera del plazo establecido, por RD$639,058,535. Uno de ellos corresponde al proceso EDN-CE-EX-05-2018, adjudicado a Transformadores Solomon por RD$584,057,160 y firmado treinta y tres días hábiles después de la adjudicación.
Montos observados en el informe
De acuerdo con los papeles de la fiscalización, las fallas de publicidad suman alrededor de RD$2,591.7 millones; las órdenes de compra emitidas antes de tiempo, RD$1,566.1 millones; los informes firmados por personas no habilitadas formalmente, RD$812.2 millones; los contratos fuera de plazo, RD$639 millones; la ausencia de contratos, RD$22.4 millones; y los pliegos aprobados sin dictamen jurídico previo, RD$133.2 millones.
Dentro de los expedientes revisados aparece con frecuencia el nombre de Transformadores Solomon Dominicana y de consorcios relacionados; esa mención no debe entenderse por sí sola como una conclusión de responsabilidad, sino como parte de los procesos examinados por la Cámara de Cuentas.
Transformadores Solomon Dominicana ha sido vinculada al empresario Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, dentro de antecedentes relacionados con contrataciones estatales en el sector eléctrico. La empresa aparece mencionada en expedientes asociados a compras de las distribuidoras de electricidad durante el período examinado por órganos de control.
Como antecedente adicional, Montilla llegó a un acuerdo para devolver fondos al Estado dentro de investigaciones sobre contrataciones públicas. Esa referencia se incorpora solo como contexto institucional y no equivale a una conclusión de responsabilidad contra la empresa, sus representantes o las demás personas mencionadas en el reportaje.
Respuestas recogidas por los auditores
Las respuestas dadas a los auditores siguieron una línea parecida: desconocimiento, errores de archivo, fallas del sistema, descuidos, prácticas usadas antes o decisiones tomadas por urgencia. Para la Cámara de Cuentas, esas explicaciones no fueron suficientes para cerrar varias de las observaciones.
Responsabilidad administrativa y posible alcance penal
La Cámara de Cuentas relacionó varios hallazgos con posibles responsabilidades administrativas por acción u omisión, conforme a la Ley 10-04. En los casos de peritos no habilitados y órdenes de compra anticipadas, también mencionó posibles indicios penales, con referencia a esa misma ley y a artículos del Código Penal Dominicano.
Eso no significa que ya exista una condena ni una responsabilidad penal declarada; lo que hace la auditoría es dejar por escrito los indicios encontrados. Corresponde a las autoridades competentes investigar, valorar los hechos y tomar cualquier decisión legal.
Observaciones de control externo
En resumen, la auditoría muestra problemas en controles internos, publicaciones, autorizaciones formales y pasos administrativos que debían cumplirse antes de contratar o comprar. Son fallas que, según la Cámara de Cuentas, afectaron la forma en que se manejaron varios procesos de Edenorte.
Las observaciones deben leerse dentro del marco de las leyes y normas citadas por el órgano fiscalizador. También deben separarse de cualquier conclusión penal o sanción, porque esas decisiones corresponden a otras instituciones.
El informe deja una fotografía amplia de cómo se hicieron compras y contrataciones en Edenorte entre 2012 y 2020; la Cámara de Cuentas señaló expedientes concretos, recogió respuestas de funcionarios y dejó observaciones que ahora quedan como base para cualquier revisión administrativa o legal que corresponda.
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