La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana (AMFIS) afirmó que las condiciones de hacinamiento registradas en el centro de retención provisional de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte no obedecen a actuaciones atribuibles a su directora, la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez.

Mediante un comunicado, la entidad sostuvo que la magistrada ha actuado con apego a la Constitución, las leyes y los principios del debido proceso, garantizando los derechos fundamentales de las personas detenidas.

Agregó que Cedeño Richiez ha realizado las gestiones necesarias para que las solicitudes de medidas de coerción sean conocidas por los tribunales en el menor tiempo posible.

“La situación que actualmente enfrenta la jurisdicción de Santo Domingo Este responde a una problemática de carácter estructural”, puntualizó la asociación.

Centro de San Luis opera al límite de su capacidad

La organización explicó que el centro de retención de San Luis se encuentra operando al límite de su capacidad y que, desde hace varias semanas, el Centro Penitenciario Las Parras no está recibiendo nuevos privados de libertad.

“Esta realidad ha generado importantes dificultades logísticas en el sistema de traslados y recepción de detenidos, afectando no solo los casos de violencia de género, sino la totalidad de los procesos penales de la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte”, indicó.

Según la asociación, esta situación ha provocado múltiples aplazamientos de audiencias para el conocimiento de medidas de coerción, debido a la imposibilidad de trasladar oportunamente a las personas detenidas.

Señaló que algunos ciudadanos han tenido que esperar hasta un mes para que sus solicitudes sean conocidas por el tribunal competente.

Atribuye las limitaciones al sistema penitenciario

La entidad precisó que las limitaciones relacionadas con la capacidad del sistema penitenciario no son responsabilidad del Ministerio Público.

“A partir de la reorganización institucional del sistema de justicia, la administración del régimen penitenciario dejó de formar parte de las competencias de esta institución, por lo que la disponibilidad de espacios en los centros de privación de libertad escapa a su ámbito de responsabilidad”, manifestó.

La asociación recordó que las funciones de Ayeisa Cedeño Richiez, como directora de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este y Norte, incluyen proteger a las víctimas y dirigir las investigaciones de los hechos punibles.

También le corresponde gestionar el arresto de los presuntos responsables cuando exista flagrancia o una orden judicial, así como presentar las solicitudes de medidas de coerción dentro del plazo constitucional y legal de 48 horas.

“La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana hace un llamado a que el debate público sobre esta situación se fundamente en información objetiva y en la correcta identificación de las causas que han originado las dificultades operativas que actualmente enfrenta la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte”, concluyó.

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