El Ministerio Público indicó que cada miembro de coalición criminal, integrada por el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Marcelo Hazim Albainy, así como varios gerentes y el consultor jurídico de la institución tenían una función específica dentro del esquema, que otorgaba contratos por favores políticos y soborno.
La coalición de funcionarios que funcionaba dentro del Senasa, encabezada por Hazim Albainy, estaba integrada por el consultor jurídico, Germán Robles y los gerentes de Salud, Francisco Iván Minaya; de Atención al Usuario, Roberto Canaán y de Afiliación, Carmen José Velázquez.
A través de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público estableció que el consultor jurídico, Germán Robles ejercía un “poder determinante”, imponiendo la aprobación de prestadores preferenciales y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.
Mientras que, el gerente de Salud, Francisco Iván Minaya homologaba acuerdos y dirigía las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores que creó Hazim Albainy de forma fraudulenta y validaba procesos, aunque existieran informes que demostraban que ciertos prestadores no cumplían con los requisitos.
De su lado, el gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán se valía de su influencia interna para presionar la habilitación ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.
En tanto que, la gerente de Afiliación, Carmen José Velázquez participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.
De acuerdo con el Ministerio Público todos estos funcionarios actuaban no en beneficio del interés general, sino como instrumentos ejecutores de un esquema organizado de corrupción, orientado a garantizar ganancias políticas y económicas, tanto para el director ejecutivo Santiago Hazim Albainy como para ellos mismos y su red de aliados, actuando contrario a la Constitución, la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
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