La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) espera que el Senado apruebe, en las próximas 24 horas, la modificación que extendería el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas contempladas en el nuevo Código Penal.
Así lo expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, quien indicó que el sector empresarial espera que el proyecto de modificación sea aprobado antes del 5 de noviembre, fecha en la que estaba prevista la entrada en vigencia de estas disposiciones.
Pujols explicó que la Cámara de Diputados modificó el período de extensión inicialmente propuesto, al reducirlo de 24 a 18 meses. Por tanto, el proyecto debe continuar su trámite legislativo en el Senado para su aprobación y posterior remisión al Poder Ejecutivo.
El representante empresarial señaló que las compañías necesitan tiempo para desarrollar los procesos internos, evaluaciones y planificaciones que exige la nueva normativa.
"Hay una serie de criterios, condiciones, planificaciones y análisis internos que hay que hacer", sostuvo al referirse a las responsabilidades que deberán asumir las personas jurídicas bajo el nuevo marco legal.
Pujols agregó que, luego de analizar los alcances de la disposición y sostener intercambios con la Procuraduría General de la República y otros tomadores de decisiones, identificaron dificultades para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, puedan cumplir con los requerimientos en el plazo establecido.
"Las empresas, en específico las pequeñas y medianas empresas, iban a tener muy cuesta arriba el poder cumplir con esa disposición", afirmó.
Aclaró que la solicitud de una extensión no responde a una negativa del sector empresarial a cumplir con la ley, sino a la necesidad de disponer de un período adecuado para implementar las medidas requeridas.
"No es que no se quiera cumplir, es que el tiempo no era suficiente", expresó.
La AIRD respalda que la modificación sea aprobada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, con el propósito de que las empresas cuenten con mayor margen para prepararse ante las obligaciones que establece el Código Penal.
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