La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que su personal asignado en la República Dominicana está siendo reubicado, luego del anuncio del cierre de esta oficina "hasta nuevo aviso" ordenado el jueves por la embajadora de EEUU, Leah F. Campos, en medio de una investigación interna por presunta corrupción.
Cordero, de 47 años, ha estado asignado durante seis años a la Embajada de EEUU en la República Dominicana.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, indicó en una declaración oficial este viernes que no harán "comentarios sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas" y que su organismo antinarcóticos está "cooperando plenamente con las autoridades competentes", y que se están revisando las acusaciones para proteger la integridad de sus operaciones.
"La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas. Cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda", afirmó Cole según un texto publicado en el portal web de la institución.
"En esta agencia no se tolera ninguna conducta que manche la insignia o erosione la confianza depositada en nosotros por el pueblo estadounidense y nuestros socios internacionales", añadió, y defendió el profesionalismo y honorabilidad de los "miles de profesionales de la DEA".
El anuncio del cierre de la oficina de la DEA que efectuó la embajadora lo acompañó con la sentencia de que la "corrupción no tiene espacio en el Gobierno" estadounidense "ni en ningún otro" por ser "una violación repugnante a la confianza pública".
Melitón Cordero fue acusado este viernes formalmente en el Tribunal de Distrito de EEUU, según el Departamento de Justicia.
De acuerdo a informes de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, Cordero está acusado de participar en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses.
“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, añadió Pirro.
El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha "sin precedentes" contra estas estructuras del crimen organizado, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
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