La oposición del magisterio al proyecto que propone descontar el salario a los docentes que participen en huelgas, paros o actividades gremiales continuó fortaleciéndose este lunes, con nuevos pronunciamientos que consideran la iniciativa una violación a derechos constitucionales y laborales.
Aunque la propuesta legislativa del diputado Nicolás Hidalgo permanece en estudio, dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han reiterado que la medida constituye un intento de restringir la libertad sindical y el derecho a la protesta, garantías protegidas por la Constitución y por convenios internacionales suscritos por República Dominicana.
Hasta el cierre de la tarde de este lunes 8, no se habían informado nuevos pasos legislativos sobre la iniciativa presentada por el diputado Hidalgo, mientras el rechazo del gremio magisterial y el debate sobre el alcance de los derechos sindicales continúan ocupando espacio en la agenda educativa y política del país.
Las críticas se producen en un contexto en el que distintos sectores del gremio han incrementado su presión contra el proyecto.
En San Francisco de Macorís y otras demarcaciones, representantes de la ADP sostienen que descontar salarios por participar en movilizaciones equivaldría a penalizar el ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores.
Fernández advierte sobre el impacto en las libertades
El debate también ha sido alimentado por el educador José Miguel Fernández, quien considera que la discusión trasciende el aspecto salarial y se relaciona con el respeto a las libertades democráticas.
Fernández sostiene que limitar la capacidad de los docentes para reclamar mejores condiciones laborales supone debilitar la participación ciudadana organizada y reducir los espacios de defensa de los derechos colectivos.
A su juicio, la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la libertad sindical forman parte del conjunto de garantías que sustentan el Estado democrático y no deberían ser restringidas mediante disposiciones administrativas o legislativas.
Debate sobre la valoración del docente
El educador también cuestiona la percepción social sobre la profesión docente y plantea que existe una contradicción entre el discurso que reconoce a la educación como prioridad nacional y las reacciones que suelen generar las demandas del magisterio.
Sostiene que detrás de cada profesional existe el trabajo de un maestro y que la calidad del sistema educativo depende, en buena medida, del reconocimiento y las condiciones de quienes imparten la enseñanza.
Fernández igualmente aborda las controversias surgidas alrededor de la Evaluación de Desempeño Docente, insistiendo en que cualquier mecanismo destinado a elevar la calidad educativa debe estar sustentado en procesos transparentes y confiables para los profesores.
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