El exjuez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y abogado de las víctimas del caso Jet Set, Juan Hirohito Reyes, defendió este viernes el cambio de calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Espaillat, al considerar que no se trata de homicidio involuntario, sino de una conducta que podría encuadrarse en el dolo eventual.
Reyes explicó que los abogados de las víctimas han planteado que los hechos no deben calificarse conforme al artículo 319 del Código Penal, relativo al homicidio involuntario, sino bajo los artículos 295 y 304, al considerar que los imputados tenían conocimiento de los riesgos y de la posible catástrofe que podía producirse.
“En el caso concreto, el imputado tuvo conocimiento, se le informó la situación, se le habló de lo inminente que era la catástrofe que podía venir”, expresó el jurista al explicar los argumentos presentados ante el tribunal.
El abogado sostuvo que el dolo eventual debe analizarse tomando en cuenta el conocimiento de la situación y la conducta asumida frente al riesgo, incluso cuando el resultado se produce por no realizar una acción exigida por la ley.
También rechazó que esa interpretación vulnere el principio de legalidad. Argumentó que la protección del derecho a la vida no debe limitarse a las acciones directas que provocan una muerte, sino que también puede abarcar determinadas omisiones.
Reyes indicó que el Ministerio Público mantiene una posición distinta y entiende que los hechos deben calificarse conforme al artículo 319, mientras que los abogados de las víctimas defienden la aplicación de los artículos 295 y 304.
Al referirse a las posibles consecuencias penales de una variación de la calificación jurídica, afirmó que, si se mantiene la figura de homicidio involuntario, la pena sería de tres meses a dos años de prisión. En cambio, si se acoge la calificación de homicidio intencional con dolo eventual, podría alcanzar entre tres y 20 años de prisión.
La decisión corresponde al tribunal, que deberá determinar si mantiene la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público o acoge la planteada por los abogados de las víctimas.
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