JIMANÍ, República Dominicana.- Las piedras de lo que fue su modesta casita se amontonan una sobre otra, como un triste recordatorio de la mañana del desalojo. Por el amplio terreno teñido de verde, corretea una brisa serena que aplaca el sofocante calor característico de la región suroeste del país.
Solo un trozo de pared empañetado se mantiene en pie en el mar de ruinas. Un grueso manto gris reemplaza el azul del cielo y se extiende por kilómetros y kilómetros, cubriendo el pequeño pueblo al borde de la frontera.
“Cuando llegué, encontré muchos militares ahí y la puerta quitada”, narra un inmigrante haitiano, identificado como Wilfrido, que ha vivido en Jimaní por casi 30 años. Con acento marcado por el creole, expresa que al llegar a su pequeña morada, ubicada en el terreno de la pareja que lo acogió cuando era un niño, halló que estaba siendo desalojado como parte del proceso de reubicación del poblado Boca de Cachón.
“El jueves por la mañana, volvieron para romperme la casa (los militares)”, continúa su relato, dibujando con sus manos escenas del pasado, ahora visibles solo en su memoria y de sus cinco hijos. Explica que gracias a la intervención del propietario de la vivienda en la que residía como inquilino, pudo evitar que ese día fuera obligado a salir de la casucha. “El viernes, a las siete de la mañana, cuando me levanté, vino el grupo a romperme la casa. Les dije, no me rompan la casa, ¿dónde voy a vivir? Y me dijeron: yo no tengo que ver. Y me rompieron la casa”, cuenta, mientras un niño semidesnudo juega sobre una rústica mesa abandonada.
Wilfrido y su familia tras su desalojo, fueron recibidos por doña Juliana y don Jesús, sus padres de crianza. Este, constituye uno de los 60 casos potenciales señalados por el Servicio de Jesuitas con Migrantes. Según Leoner Florian, coordinador del área legal de la entidad, las familias migrantes se encuentran en peligro de exclusión, dado que no fueron consideradas en el censo para la reubicación de las personas afectadas por la crecida del lago Enriquillo.
“En Boca de Cachón hay una comunidad importante de migrantes y hasta el día de hoy, el gobierno dominicano no ha contemplado que va a hacer con esas familias migrantes, no se ha dicho cual va a hacer la solución a esas familias, que algunos tienen 20 y 30 años viviendo en la comunidad y que sus hijos están yendo a la escuela, inclusive algunos son bachilleres”, revela Florian.
En la sede de la oficina jesuita, el rumor de una motocicleta irrumpe tempestuoso y efímero por las persianas resguardadas por brazos de acero. Un cuadro con el rostro de Jesucristo, en lo alto de la pared mira con ojos coloreados de bondad y pena. Florian explica que pese a que parte de los inmigrantes poseen documentación legal, no fueron tomados considerados para su traslado o cual sería su destino una vez sean reubicados los habitantes del poblado.
“Es una situación complicada”, indica Florian, “por lo que estamos demandando a que el Estado dé la cara y trate de resolver el tema de las familias migrantes, ya que son familias que tienen una relación histórica con Boca de Cachón, y que algunas se han desvinculado con el pueblo haitiano, y que no conocen a nadie en Haití”.
Similar posición mantiene Pedro Canó, Asesor Legal Servicio de Jesuitas con Migrantes, quien asegura que la situación de los migrantes es de desamparo, misma que agravaría la ya precaria situación de los inmigrantes haitianos y que se emplean en la zona realizando trabajos en la agricultura y la ganadería, y que actualmente ignoran cual sería su destino debido a los vínculos que poseen con la comunidad.
“Estamos hablando de una provincia con unos altos índices de pobreza, por lo cual, el techo o la cobija que se va a realizar, será una casa con unas condiciones muy precarias, habitacionalmente hablando, lo cual va a generar más pobreza, guetos o barrios de migrantes y los trabajadores vivirían como en barracones cerca de las tierras de cultivo”
“El gobierno no ha podido hallar una solución habitacional a la mano de obra migrante que durante años ha nutrido, que ha tenido grandes aportes a la economía de Boca de Cachón, y que durante 29 o 30 años ha estado trabajando allá”.
Explica que las personas que tienen conucos necesitan la población migrante para trabajar esos conucos. Si se necesita esa mano de obra migrante, se está obviando una realidad y es que hay una convivencia y una necesidad de dominicanos y haitianos sobretodo en la mano de obra, lo que no está contemplado en el proyecto.
La oficina se hace víctima del ruido causado por niños que juegan en el patio del edificio del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Cano manifiesta que la situación de los migrantes no fue contemplada por las autoridades, hasta que doce organizaciones de la sociedad civil dieron la voz de alerta ante la posible exclusión de las que serían víctimas, ya que las viviendas en el viejo Boca de Cachón están siendo demolidas para evitar que las personas puedan regresar.
“La realidad de Boca de Cachón es que en los últimos 30 años ha habido un gran número de familias que han cohabitado con las familias dominicanas en el antiguo Boca de Cachón y que han sufrido población la afectación del lago, que han sufrido un nivel de desnutrición infantil de 21 por ciento en niños de cero a cinco años, y que lo han sufrido también los niños haitianos”, asevera.
Cano critica que el proyecto, construido a un costo de unos RD$1,032 millones por el gobierno dominicano y que según el presidente Danilo Medina, debe servir como un ejemplo de desarrollo de la provincia y ciudades fronterizas, se halla enarbolado como un “ejemplo sesgado de lo que es la realidad de la frontera”.
“Donde muera él, que muera yo”
“Wilfrido es igual que yo, y lo quiero como a un hijo”, afirma doña Juliana mientras observa los escombros de la malograda vivienda y los rostros de los hijos de Wilfrido. “Donde muera él, que muera yo”, sentencia, mientras rememora el día en el que llegó a su casa, llevado por su marido.
Don Jesús lo corrobora. Desembaraza su pecho del malestar y la impotencia que sintió ver que debido al desalojo, la persona que crió durante 29 años como parte de su familia queda desamparado.
En julio del 2013, el Servicio de Jesuitas con Migrantes, realizó un censo que arrojó que de 60 familias migrantes (234 personas) residentes en Boca de Cachón, por lo menos 12 llevan entre 17 y 30 años viviendo en la región.
El viernes 23 de mayo, se publicó un listado en el que se nombraron las familias favorecidas con una vivienda y que permanecían en el poblado a manera de inquilinos. Previo a ese momento, su situación era indefinida. En lo que respecta a los migrantes, su estado habitacional continúa siendo incierto.
Luisa es una de ellas. De pie frente a una diminuta casucha de madera donde reside como arrendataria, ve cómo otra vivienda cercana es demolida por un grupo de hombres contratados para reducir a un recuerdo la residencia. Madre de siete niños, narra que se vio al borde del desalojo forzoso por parte del propietario de la casa, quien reclama la vivienda a fines de poder recibir las llaves de su propiedad en Boca de Cachón nuevo.
Huérfana de padre y madre, fue “recogida” por una señora a la edad de cinco años en Tierra Nueva, la cual aun vive en Santo Domingo, mientras que ella tiene unos 12 años habitando en la comunidad. Su voz baja y tranquila, emite palabras tintadas con el acento de su tierra natal, mientras detalla sus vivencias en los últimos días.
“No tengo a dónde coger”, dice, al momento que una de sus hijas atraviesa la puerta de la casita deslucida con un niño de meses en brazos. “Al dueño de la casa le salió su casa allá arriba y llevo nueve años pagando alquiler. Ahora no sé qué hacer”.
“Desde que la señora me recogió, nunca he ido a Haití. De Haití no conozco nada. Mi vida y mi juventud la he pasado aquí en República Dominicana, soy criada aquí y mis hijos nacieron aquí. No sé ni lo que va a pasar conmigo”, expone, cambiando el tono sereno por uno marcado por la angustia. “Me siento más muerta que viva”.
Derechos de los migrantes.
El gobierno dominicano tuvo un olvido con respecto a esas familias, asegura Pedro Cano, quien comenta que actualmente, el gobierno, tras un posicionamiento de más de 12 organizaciones civiles, solicitaron el respeto a los derechos de las familias migrantes.
Tras esa solicitud, el Estado abrió un espacio de dialogo y tratar de encontrar una salida humanitaria a la situación. Sin embargo, el mismo no ha arrojado ningún tipo de conclusión o avances en ese sentido.
“No hay ningún tipo de propuesta sobre la mesa, mas que voluntad a priori del gobierno de sentarse a dialogar para buscar una solución que respete los derechos de las familias migrantes”, subraya.
Arriba, en el proyecto, Iker Medina, miembro del Comité de Organización para la reubicación del poblado lo corrobora. Ignora las primeras gotas de lluvia que se adelantan como una amenaza de lo que parece ser un diluvio y se detiene frente a un colmado improvisado en una de las casas del nuevo Boca de Cachón. Entre el correteo de niños y la vista curiosa de personas, indica que se ha estado dialogando con el ministro administrativo, José Ramón Peralta, para encontrar una salida “amigable” entorno a los inmigrantes.
“La situación de ser migrante a veces es muy cuesta arriba, pero estamos buscando que el gobierno de una respuesta viable. Hay que buscar una solución”, afirma.
Mientras tanto, abajo, Wilfrido continúa recogiendo los pedazos de su vida, sin saber realmente dónde colocar los fragmentos. Los niños juegan entre los charcos de lodo que empiezan a secarse, solo para verse ahuyentados por las primeras gotas que caen del cielo. La larga sábana gris, se torna aún más oscura.
“¿A dónde los llevo?”, cuestiona, refiriéndose a sus cinco hijos. “No sé a dónde los voy a llevar. Si fuera yo solo, busco un sitio en donde vivir. Pero, ¿y mi familia? Yo no sé a dónde voy. Eso es lo que me duele”.
