A casi un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, este lunes se intentará iniciar la audiencia preliminar del proceso judicial que busca establecer responsabilidades por el colapso del techo del centro nocturno.
El hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, cuando el desplome de la estructura dejó más de 230 personas fallecidas y cientos de heridos, en lo que se considera una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de la República Dominicana.
La discoteca Jet Set, durante décadas fue uno de los establecimientos más emblemáticos de la vida nocturna dominicana, estaba ubicada en la avenida Independencia kilómetro 6 1/2, en la Plaza El Portal, en Santo Domingo.
Expediente del Ministerio Público
En el expediente de solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, depositado el 14 de junio de 2025, el Ministerio Público los acusa de incurrir en negligencia grave al supuestamente omitir reparaciones estructurales críticas en el establecimiento, lo que habría provocado el colapso del techo.
La documentación, compuesta por 128 páginas, fue presentada por los procuradores fiscales Héctor García, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a Vladimir Viloria y José Martínez, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).
En el expediente se identifican 290 personas entre querellantes y denunciantes, mientras el órgano acusador solicitó que el proceso sea declarado caso complejo.
Reclamos civiles
El 15 de enero, el abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, afirmó que en el caso del Jet Set “habrá justicia, pero no como la gente espera”, al considerar que el proceso penal difícilmente concluiría con condenas de prisión para los imputados.
No obstante, indicó que en el ámbito civil corresponde una reparación por los daños causados. En ese sentido, informó que en la querella presentada por sus representadas se reclama una indemnización de 100 millones de pesos.
Acción penal
El 24 de enero, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que la acción penal se mantiene vigente en el caso Jet Set, al advertir que ningún acuerdo civil ni resarcimiento económico puede anular la responsabilidad penal de los involucrados si se comprueban violaciones a la ley.
La magistrada señaló que la investigación continúa conforme a los procedimientos legales establecidos y que el proceso se encuentra en una etapa procesal que no permite el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público.
Posteriormente, el 30 de enero, un juez declaró inadmisible la solicitud presentada por los hermanos Espaillat para realizar un peritaje independiente en las ruinas del centro de diversión, al considerar que el pedido debió formularse durante la etapa preparatoria del proceso.
Durante esa audiencia, el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Miguel Collado, sostuvo que los procesos judiciales deben seguir un orden establecido. Ante el tribunal afirmó que “en justicia todo tiene un curso lineal y nada se puede transformar”.
Asimismo, el 4 de febrero, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat ratificaron su oposición formal a la demolición de las ruinas de la discoteca.
Un informe técnico preliminar encargado por el Ministerio Público recomendó la demolición inmediata de la estructura restante a mediados de 2025. Ante esa recomendación, los hermanos depositaron en julio una oposición formal a cualquier intervención en el inmueble, argumentando que necesitan acceso completo a la estructura para realizar sus propios análisis técnicos.
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