Asoleste alerta sobre proyecto residencial ilegal en Playa Bávaro

Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), pidió que las autoridades que otorgan permisos y supervisan la construcción en zonas turísticas exijan los títulos de propiedad y la documentación completa tras la iniciación de un proyecto residencial que enfrenta un impedimento legal en Playa Bávaro.

Veloz expresó su preocupación por conflictos ya notificados a las instituciones competentes que no han recibido definiciones definitivas y que, a su juicio, erosionan la seguridad jurídica del destino.

Las declaraciones se produjeron durante la juramentación de la directiva de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) en Punta Cana, actividad en la que Veloz recibió un reconocimiento por sus aportes al turismo.

El dirigente calificó de “inconcebible” que se inicien proyectos habitacionales sin todos los permisos requeridos y con oposiciones que ponen en duda la capacidad de Punta Cana para atraer inversiones.

Se refirió específicamente a un proyecto residencial y comercial iniciado por la constructora Noval en una parcela que, según la documentación consultada, mantiene un impedimento contractual para ese tipo de desarrollo.

Añadió que este no es un caso aislado y mencionó la zona de Uvero Alto, donde hoteleros denuncian presiones y acciones de personas y empresas que carecen de legalidad y pretenden usufructuar propiedades ajenas.

Veloz explicó que en el contrato de venta y en el registro inmobiliario de la parcela en Playa Bávaro se consignó expresamente que la propiedad sólo podía destinarse a la construcción de un delfinario, información que ya fue remitida a las instituciones competentes.

Advirtió que estos litigios perjudican la imagen de la región como destino de inversión y dejan a potenciales compradores sin la protección necesaria cuando adelantan pagos o reservas.

Veloz sostuvo que preservar la calidad y el prestigio de los destinos turísticos es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y las empresas, y subrayó que el papel principal corresponde a las instituciones del Estado encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas.