Las autoridades anticorrupción ucranianas anunciaron el lunes una “operación a gran escala” dirigida al sector energético, recientemente golpeado por más de 450 drones y 45 misiles rusos durante la noche del 7 al 8 de noviembre. En Járkov, decenas de miles de habitantes sufren cortes de suministro. Esta ofensiva anticorrupción se produce tras varios meses de tensiones entre las agencias y el Gobierno, en un contexto de debates sobre los esfuerzos de Kiev contra la corrupción.

Por Emmanuel Chaze, desde Járkov

En Ucrania, dos días después de los devastadores bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas del país, y apenas unos meses después de haber tenido que dar marcha atrás tras una ley aprobada durante el verano que habría comprometido la independencia de las instituciones de lucha contra la corrupción, el gobierno de Volodimir Zelenski se encontró ante un nuevo escándalo: el de los "Midas Tape", el nombre en clave de una operación de corrupción y blanqueo de dinero en el sector energético ucraniano.

Tras quince meses de investigación y con más de mil horas de grabaciones como resultado, las agencias anticorrupción ucranianas —las mismas cuya independencia se vio amenazada este verano boreal— sacaron a la luz un nuevo escándalo: las actividades de una organización criminal en las altas esferas del sector energético ucraniano.

Según Tetiana Shevchuk, de la ONG anticorrupción Antac, apenas se empieza a descubrir toda la red de ramificaciones de este caso:

"Por lo que ya vimos en los videos publicados por la oficina de investigación, parece que quienes estaban vinculados a este esquema comprendieron que estaban siendo vigilados y trataron de sofocar la investigación”, aseguró.

Una investigación que afecta a personas cercanas al presidente Zelenski. Fueron allanados los domicilios de su antiguo socio comercial, Tymur Mindich, codirector de su anterior productora, quien huyó al extranjero apenas unas horas antes de la llegada de los investigadores, y el del exministro de Energía, Herman Halushenko.

"Esperamos que las agencias anticorrupción sean autorizadas a llevar su investigación hasta el final. Hay acusaciones que implican a figuras de alto nivel dentro del gobierno y en la empresa estatal Energoatom, por lo que todos los involucrados deberían ser suspendidos mientras dure la investigación”, agregó Tetiana Shevchuk.

El caso resulta aún más sensible porque implica el blanqueo de más de 100 millones de dólares, que, utilizados de otra manera, podrían haber servido para reforzar la defensa de las infraestructuras energéticas ucranianas, objetivo constante de Moscú.

Ucrania conoce problemas de corrupción desde hace tiempo y estas han sido motivo de protestas a lo largo de sus 30 años de independencia.

Tras la revolución de 2014 se introdujeron reformas para atajar el problema, pero actualmente existen temores de que el intento fallido de Zelenski de reformar la ley socave las aspiraciones de Ucrania de unirse a la Unión Europea.

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