Tras doce días de guerra con Israel, le República Islámica acelera la represión. Según un informe de la ONG Hengaw, al menos 734 personas han sido detenidas desde el inicio de la guerra y varios presos han sido ejecutados acusados de espionaje. El resto de la población iraní contiene la respiración.
Por Sara Saidi
“La República Islámica ha vencido y, en represalia, ha infligido una bofetada contundente a Estados Unidos”, afirmó el jueves 26 de junio el ayatolá Alí Jamenei, en un video grabado tras la conclusión del alto el fuego entre Irán e Israel, el martes 24 de junio de 2025.
De hecho, tras doce días de guerra con Israel y 1.190 muertos, según las cifras de la agencia de noticias Hrana, la República Islámica sigue en el poder y ha intensificado drásticamente la represión en todo el país con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. Una “caza de espías” dirigida en realidad sobre todo contra las minorías, en particular los kurdos, los opositores, los presos políticos, los afganos y los bahá’ís.
Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos Hengaw y Hrana, desde el inicio de la guerra, el régimen iraní habría detenido entre 734 y 1.295 personas bajo acusaciones como “espionaje para Israel”, “uso de drones”, “contrabando de armas” y “atentado contra la seguridad nacional”. Las autoridades no han ocultado su deseo de recurrir a la pena de muerte para castigar a cualquier persona acusada de “espionaje” o “cooperación con Israel y Estados Unidos” y, a la espera de la aprobación de un proyecto de ley destinado a completar el Código Penal en este sentido, el poder judicial está acelerando los procedimientos para juzgar, condenar y castigar a todas las personas consideradas posibles opositores.
Así, al menos seis presos han sido ejecutados acusados de espionaje y colaboración con Israel, tres de ellos solo unas horas después del anuncio del alto el fuego. Sin embargo, los seis presos ejecutados habían sido detenidos antes del inicio de la guerra, lo que preocupa especialmente a las familias de los presos políticos. Mahan Mehrabi no tiene noticias de su hermano Mahmoud, encarcelado desde 2023 tras ser detenido a raíz de las protestas provocadas por la muerte de Mahsa Amini, y condenado a muerte en mayo de 2024. “Sigue en prisión, estoy muy preocupada”, afirma.
Desapariciones y traslados de presos
“Alrededor de 800 personas fueron detenidas y llevadas a lugares desconocidos. Mientras todos los medios de comunicación se centraban en los ataques, los presos estaban en peligro”, afirma Shiva Mahbobi, ex presa política y portavoz del Comité para la Liberación de Presos Políticos (CFPPI). Así, Alí Younesi, estudiante de ingeniería informática y medallista de oro en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica de 2018, encarcelado desde 2020, fue trasladado a un lugar desconocido tras el inicio de la guerra y unos días antes del ataque de Israel contra la prisión de Evin. Hasta el martes 1 de julio, cuando, según su hermano Reza, pudo realizar una breve llamada desde una zona de alta seguridad de la prisión de Fashafuyeh, al sur de Teherán, nadie, ni su familia, ni su abogado, ni siquiera su padre, también encarcelado, tenía información sobre él. El académico sueco-iraní Ahmadreza Djalali, detenido desde 2016 y condenado a muerte, también fue trasladado a un lugar desconocido.
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El ataque de Israel contra la prisión de Evin aumentó los riesgos para los presos. El pasado 23 de junio, varios de ellos publicaron en las redes sociales un comunicado en el que informaban de la destrucción de la enfermería y de una mayor represión por parte de las autoridades penitenciarias desde el ataque de Israel. “Varios presos han resultado heridos, especialmente en la sección 4 de la prisión de Evin, así como presos trabajadores. Me preocupa Cécile [Kohler, francesa, nota del editor], que hoy debe de ser una de las presas más antiguas de la sección 209”, explica una de sus ex compañeras de prisión, Sepideh Qoliyan, en contacto con las familias de los presos.
Algunos reclusos han sido trasladados a otras prisiones, en particular a las de Fashafuyeh o Qarchak, sin que se haya informado a sus familias. Según Shiva Mahbobi, el riesgo es que se mezclen con los presos comunes. “Estos podrían atacarlos tras haber sido manipulados por el régimen”, alerta. Una forma de eliminar a los opositores sin asumir la responsabilidad.
Racismo estatal hacia los afganos y represión de las minorías
El régimen islamista también persigue a las minorías étnicas y religiosas, en particular a la comunidad sunita iraní. Así, Hengaw ha contabilizado 125 detenciones de kurdos en la provincia de Kermanshah y otras 59 en Urmía, al noroeste del país. Según un artículo de The Guardian, habrían sido detenidos militantes y combatientes pertenecientes a diferentes facciones separatistas kurdas iraníes con base en el Kurdistán iraquí. En sus redes sociales, Sepideh Qoliyan también muestra su preocupación por las dos presas políticas kurdas condenadas a muerte: Pakhshan Azizi y Warisha Moradi. Las minorías baluchis, lor y originarias de Juzestán también son blanco de las autoridades del régimen.
Los bahá’ís, una minoría religiosa acostumbrada a ser perseguida por la República Islámica, también están sufriendo una nueva ola de detenciones, según la ONG Hengaw, especialmente en Isfahán y Shiraz: “Siempre ha sido así, este tipo de situaciones siempre han sido peligrosas para nosotros, pero no podemos hacer nada al respecto”, afirma un miembro de esta comunidad, que confiesa mantenerse lo más alejado posible de la política. Según Hengaw, para detenerlos, el régimen obliga a sus vecinos y amigos a presentar denuncias contra ellos. Las autoridades también han pedido a los ciudadanos que denuncien cualquier caso sospechoso en la comisaría. Son llamamientos a la delación, aunque no se los presente como tales.
Por último, los exiliados afganos sufren de lleno la política de seguridad y racista del régimen. “La situación es catastrófica”, afirma Zaher Zahir, presidente de la asociación cultural de afganos de Estrasburgo. Amenazados ya con la expulsión por una campaña antiimigrantes, más de 230.000 afganos tuvieron que cruzar apresuradamente la frontera hacia Afganistán en junio, la mayoría expulsados por las autoridades iraníes. Muchos de ellos, que aún se encuentran en Irán, tienen miedo de contar lo que les está pasando. Algunos incluso han sido detenidos, acusados de pertenecer a redes de inteligencia.
Si bien presos como Narges Mohammadi o Nasrin Sotoudeh gozan de cierta protección, ya que son conocidos mundialmente, “el 90 % de los presos iraníes viven en el anonimato más absoluto”, afirma Shiva Mahbobi, que teme ejecuciones masivas como las que tuvieron lugar tras la guerra contra Irak en 1988. Para protegerse, el régimen ejecutó entonces a más de 5.000 presos políticos.
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