La nueva ley, que beneficia a fuerzas del orden implicadas en crímenes durante el conflicto interno (1980-2000), ha generado un amplio rechazo de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.
El Congreso peruano, controlado por bancadas de derecha y extrema derecha, con el fujimorismo como su principal fuerza, ha aprobado una ley de amnistía para militares, policías y comités civiles de autodefensa responsables por violaciones a los derechos humanos. Fue aprobada con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
La amnistía favorece a los sentenciados y procesados por matanzas de comunidades campesinas, secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno que en los años 80 y 90 dejó cerca de 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos.
Se beneficiarán los represores sentenciados en 156 casos y se cortarán más de 600 procesos judiciales en marcha.
Organismos derechos humanos y familiares de las miles de víctimas han denunciado esta ley como una “impunidad inaceptable” y un “retroceso sin precedentes” en la búsqueda de justicia.
Han recordado que esta ley va en contra del derecho internacional que prohíbe otorgar amnistías a los responsables de los crímenes incluidos en esta ley, y han anunciado que recurrirán a las instancias judiciales internas e internacionales para anularla.
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