Estas últimas semanas, nunca han sido tan patentes las paradojas del gobierno de Lula da Silva sobre los temas ambientales. Por una parte, el presidente de Brasil, líder reconocido en diplomacia medioambiental, inauguró la COP30 de la ONU y su Gobierno ha logrado reducir significativamente las tasas de deforestación en la Amazonía: -11% entre agosto de 2024 y julio de 2025.

Pero, por otra parte, el Gobierno de Lula otorgó permisos de exploración petrolera en el bloque 59 en aguas profundas, a 175 km de la desembocadura del Amazonas. Una decisión criticada por los riesgos ambientales de posibles derrames de crudo. 

Desde 2017, según datos recopilados por la organización Skytruth, basados en imágenes satelitales, hubo 179 “derrames probables” de crudo en Brasil.

“Un derrame sería uno de los principales riesgos por la complejidad y la profundidad de dónde este petróleo puede estar. No se sabe aún si van a encontrar petróleo. Van a empezar a perforar un área que tiene corrientes muy fuertes. Si sucede un derrame, no sabemos para donde ese petróleo podría ir. Y hay un montón de manglares en la región que son muy importantes para toda la preservación del ecosistema”, recalca Ilan Zugman, director de la plataforma ecologista 350.org en Brasil y Latinoamérica.

Y es que Brasil, octavo productor de petróleo del mundo, aspira a producir más crudo aún a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía recomienda no impulsar nuevos proyectos, en virtud de la urgente necesidad de reducir emisiones de CO2. Pero el Gobierno de Lula calcula que podría recibir 200.000 millones de dólares con la explotación del petróleo en la desembocadura del Amazonas.

El 24 de octubre, el presidente Lula expuso claramente sus argumentos para justificar esta controvertida exploración petrolera en el Bloque 59: “Si exigimos que se protejan los bosques y queremos reducir el uso de combustibles fósiles, una de las formas de hacerlo es utilizar el dinero del petróleo para consolidar la transición energética. Brasil no va a desperdiciar una riqueza que puede mejorar la vida del pueblo brasileño”, declaró el mandatario.

Un argumento que rechaza el activista ambiental brasileño Ilan Zugman que observa los resultados de la explotación de los campos petrolíferos del presal en la costa sur.

“Sí miramos la región sudeste de Brasil como San Paulo y Río, que más recibieron royalties del petróleo, estas ciudades no tienen buenos niveles de acceso a la salud, de seguridad, de educación”, observa Zugman.

Y agrega: “Explorar más petróleo para hacer la transición energética es algo que no tiene ningún sentido. Un reporte de la organización INESC evaluó que se destinó menos del 1% del dinero del petróleo del presal la transición energética”.

Las ONG ambientalistas, al igual que los representantes de los pueblos indígenas, piden el fin de los proyectos de extracción petrolera. Y piden que las millonarias inversiones petroleras se dirijan más a proyectos de energías renovables.

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