Este 18 de abril se cumplen siete años de la insurrección civil en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega, que decantó en el exilio forzado de al menos 600 mil nicaragüenses. Los estudiantes fueron clave en el estallido social y víctimas directas de esas represalias.
Por: Mariana Rivera Ramírez
En abril del 2018, en Nicaragua, la negligencia del Gobierno para atender el incendio en la Reserva Indio Maíz, ubicada al sureste del país, indignaba al estudiantado de la Universidad Centroamérica (UCA) que se lanzó a las calles de Managua. Solo unos pocos días después, el 18 de abril, las y los estudiantes se unieron a las protestas de las personas adultas mayores, quienes, en la ciudad León, se oponían a la reforma al sistema público de salud que el Gobierno de Daniel Ortega quería aplicar.
A partir de ahí, surgieron marchas espontáneas que se extendieron por la capital y por distintas partes del país. Esto evidenció un descontento generalizado contra un régimen que perdía cada vez más popularidad. El movimiento estudiantil fue el bastión de aquella rebelión y desde el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo, le respondió de forma cruel e implacable. Hubo asesinatos, arrestos y expatriaciones.
Katherine Ramírez, tenía 18 años en el 2018, estudiaba el segundo año de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la sede regional de la UNAN en Estelí. Ella se unió a las manifestaciones sin imaginar que le cambiaría la vida.
“Los más jóvenes no nos esperábamos esto (…) Yo no pensé que iba a llegar a estos niveles de represión por parte del Estado, porque no solo hablamos de la represión de las protestas en 2018, hablamos de la represión sostenida por siete años” denuncia Katherine desde Costa Rica.
El dúo Ortega-Murillo expulsó de manera oficial a al menos 150 estudiantes universitarios, según un informe de expertos de la ONU. Katherine no recibe ninguna notificación, pero no puede volver a las aulas en su natal Nicaragua: “Yo tampoco podía vivir en mi casa, había persecución en mi contra (…) ir a la universidad era ir a que me capturaran” relata Ramírez.
Después de mudarse dos veces de casa en menos de seis meses y moverse temporalmente en varias ocasiones, Katherine decidió dejar Nicaragua en 2022, cuatro años después del estallido social. “Yo no tenía muchas opciones, elegía la cárcel o el exilio”. Gestionó su desplazamiento al país vecino del sur y cruzó la frontera de forma clandestina; su principal equipaje: sus libros y su gato.
Tras siete años desde el estallido, distintos organismos de derechos humanos han denunciado que la educación ha sido un blanco estratégico del dúo Ortega-Murillo para eliminar el pensamiento crítico. A la fecha se contabilizan más de 30 universidades cerradas y con ellos más de 35 mil estudiantes afectados.
Katherine retomó su carrera de Relaciones Internacionales en Costa Rica, trabaja como activista de Derechos Humanos y pronto defenderá su tesis. Sin embargo, otros estudiantes no corrieron la misma suerte: nunca tuvieron acceso a su expediente académico, no lograron reinsertarse a las aulas y así su sueño profesional les fue arrebatado.
Las persecución de la sociedad civil, la criminalización de la protestas, los arrestos y el control de los medios de comunicación son acciones sistemáticas por parte del dúo Ortega Murillo hasta la fecha. La ONU documentó al menos 300 muertos tras las protestas y desde entonces, a más de 450 nicaragüenses les han arrebatado la nacionalidad de forma arbitraria.
Asimismo, a principios de este mes, un grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó un informe que identifica a 54 funcionarios del Gobierno, del Ejército y del partido gobernante como responsables de orquestar, de forma deliberada, una política de Estado que aplica graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes de lesa humanidad.
Para los y las estudiantes como Katherine, abril quedó marcado en su cuerpo y su memoria: “no vuelves a ser la misma después de ver la barbarie frente a tus ojos (…) en definitiva, aunque a veces uno no quiera recordar, siempre el cuerpo está ahí recordándote lo que pasó”. En Nicaragua, mientras tanto, reina el silencio y la impunidad.
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