Es una de las páginas más oscuras de la historia judicial británica. En las décadas de 2000 y 2010, en toda Inglaterra, al menos 4.000 niñas cayeron en manos de redes de explotación sexual. Decenas de ciudades inglesas se han visto afectadas, pero las autoridades han hecho la vista gorda por temor a ser acusadas de racismo, ya que los sospechosos eran en su mayoría de la diáspora paquistaní.
Con la corresponsal de RFI en Londres, Emeline Vin
Al menos 1.000 víctimas vieron sus denuncias por explotación sexual de menores archivadas prematuramente. A menudo, eran niñas que se encontraban en una situación precaria o colocadas en hogares.
"Un fracaso persistente"
En aquel momento, el fiscal general era nada menos que el actual primer ministro, Keir Starmer, quien a principios de año pidió una auditoría sobre estas redes criminales. Estos casos serán reabiertos, por recomendación de un informe encargado por el Gobierno británico.
"Las conclusiones son contundentes. El informe muestra un fracaso persistente a la hora de proteger a las niñas y adolescentes de la violación, la explotación sexual y la violencia ", manifestó Yvette Cooper, ministra del Interior.
" Las autoridades reaccionaron de manera demasiado fragmentaria, no revelaron suficiente información, se basaron en estadísticas erróneas. Hay demasiadas negaciones y no hay suficiente justicia. Demasiados criminales que se salieron con la suya y demasiadas víctimas abandonadas", recalcó.
Caso de Rotherham
La ministra pidió disculpas inequívocas a las víctimas y anunció una investigación pública para examinar las fallas del Estado, acusado de haber restado importancia a las declaraciones de las víctimas y de no haber alertado por temor a avivar las tensiones raciales, ya que los hombres de origen paquistaní estaban sobrerrepresentados entre los sospechosos.
El escándalo más sonoro es el de Rotherham, localidad donde cerca de 1.500 menores fueron drogadas, violadas y explotadas sexualmente por una de estas bandas durante 16 años, entre 1997 y 2013. Más de un centenar de hombres han sido condenados.
El informe hace una docena de recomendaciones, todas las cuales han sido aceptadas por el Gobierno, que durante mucho tiempo no quería reabrir el tema. Entre los anuncios: cualquier relación sexual entre un adulto y un menor de 16 años se considerará violación, lo que hoy no es automático. Y el origen étnico de los sospechosos tendrá que ser registrado para prevenir mejor nuevos casos y evitar la desinformación.
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