Tras haber desmantelado en gran medida USAID, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dirigido por Elon Musk quiere atacar ahora el Internal Revenue Service (IRS), la autoridad fiscal estadounidense, y tratar de acceder a un sistema ultrasensible que contiene datos financieros detallados sobre contribuyentes y empresas. La Seguridad Social y el Departamento de Educación también están en el punto de mira.
Por Pierre Fesnien
Donald Trump había declarado públicamente que había encargado a Elon Musk y a su equipo del DOGE que indagaran en el presupuesto del Pentágono para rastrear posibles recortes presupuestarios, pero parece que ahora las prioridades han cambiado.
Según informan varios medios estadounidenses, el Departamento para la Eficiencia Gubernamental que dirige el hombre más rico del mundo se prepara para enfrentarse al Servicio de Impuestos Internos (IRS), y sus equipos buscan actualmente acceder a un sistema ultrasensible del IRS que contiene datos financieros detallados sobre contribuyentes y empresas.
El Washington Post afirma haber tenido acceso a un borrador de acuerdo que permite a un empleado del DOGE trabajar para el IRS durante 120 días, con posible acceso a varios sistemas y bases de datos, en particular el IDRS, especialmente seguro y restringido. Permite “el acceso visual instantáneo a ciertos archivos de contribuyentes”, según un documento del IRS citado por el medio Axios.
El empleado en cuestión bien podría ser Gavin Kliger, un “DOGE Boy”, un joven ingeniero de software que recientemente se presentó como “asesor especial del director” de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos. Fue él quien envió personalmente un correo electrónico a los cientos de empleados de la agencia anunciando el cierre de la sede de USAID el 3 de febrero.
Según fuentes publicadas por el New York Times, va a ser destinado al IRS como asesor principal del comisario en funciones. El fisco todavía está definiendo los términos y condiciones exactos de su trabajo en el IRS, aunque se espera que tenga un amplio acceso a sus sistemas.
¿Mayores recortes de personal?
Los sistemas del IRS contienen los datos financieros privados de millones de estadounidenses, incluidas sus declaraciones de la renta, números de la Seguridad Social, direcciones, datos bancarios e información laboral.
En declaraciones a la NBC, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, afirmó que “el acceso directo al sistema es necesario para identificar y solucionar” los problemas, y añadió que “el DOGE seguirá arrojando luz sobre el fraude que descubra, porque el pueblo estadounidense merece saber en qué ha gastado su Gobierno el dinero de los impuestos que tanto le ha costado ganar»”.
Sin embargo, la iniciativa podría toparse con una próxima resolución judicial. Recientemente, un juez federal estadounidense decidió impedir, al menos temporalmente, que los equipos de Musk accedieran a los datos personales de millones de estadounidenses en poder del Departamento del Tesoro. No es imposible que se produzca la misma situación en el caso del acceso a bases de datos ultrasensibles del Departamento de Hacienda.
Según la prensa estadounidense, el objetivo de los equipos de Musk es reducir masivamente el tamaño del IRS. El Washington Post informó el 14 de febrero, citando a seis fuentes cercanas al asunto, que la administración Trump podría rescindir los contratos de cerca de 9.000 empleados que aún están en periodo de prueba, trabajando específicamente en la recaudación de impuestos.
El diario señala que los republicanos llevan tiempo criticando al IRS por tener una plantilla demasiado grande, que creen que pasó de unos 90.000 empleados a casi 100.000 en 2023. Según un recuento del New York Times, más de 9.300 empleados federales ya se han llevado la peor parte de los recortes presupuestarios iniciados por el Comité de Eficiencia Gubernamental.
La Seguridad Social también en la línea de fuego
El IRS no es la única institución en el punto de mira del DOGE, que también ha atacado recientemente a la Administración de la Seguridad Social. Una de las responsables de esta administración federal, Michelle King, optó por dimitir este fin de semana para evitar tener que autorizar a los equipos de Elon Musk a acceder a los datos informáticos de varios millones de estadounidenses. La sustituyó Leland Dudek, claramente más proclive a colaborar con el DOGE, hasta que el Senado confirmó la nominación de Franck Bisignano por Donald Trump para dirigir la Administración de la Seguridad Social.
Cada año, la Seguridad Social paga casi 1,5 billones de dólares a millones de beneficiarios en Estados Unidos, lo que representa una quinta parte del presupuesto federal total. Una suma colosal que, naturalmente, Elon Musk querría reducir para alcanzar su objetivo declarado de ahorrar al Gobierno federal 1 billón de dólares.
En su improvisada rueda de prensa en el Despacho Oval el 11 de febrero, el jefe de SpaceX afirmó que un examen superficial de la Administración de la Seguridad Social ya había revelado que personas que figuraban en sus sistemas con 150 años de edad estaban recibiendo prestaciones, lo que sugería que más de un millón de personas que figuraban en la base de datos de la Seguridad Social tenían entre 150 y 159 años. Esta información fue firmemente desmentida por el anterior comisionado de la Seguridad Social bajo la administración Trump, Martin O’Malley.
Victoria legal
En medio de numerosos desafíos legales a las acciones del DOGE, Musk y sus equipos, sin embargo, acaban de obtener una victoria legal. El juez del Tribunal Federal de Washington Randolph D. Moss se negó a bloquear el acceso sumario de la Comisión para la Eficiencia Gubernamental a los datos de los estudiantes del Departamento de Educación.
La asociación de estudiantes de la Universidad de California quería prohibir al DOGE el acceso a los datos de los estudiantes, incluidos los números de la Seguridad Social, los préstamos y la información fiscal. En su auto del lunes, el juez dijo que el posible daño a los estudiantes era “completamente hipotético” y que los peticionarios no aportaban “ninguna prueba más allá de la pura especulación” de que el DOGE pudiera “hacer un mal uso o difundir estos datos”.
La abolición del Departamento de Educación es una promesa electoral que Donald Trump ha machacado constantemente, ya que quiere que sean los propios Estados los que asuman esta prerrogativa. Sin embargo, el multimillonario republicano no puede suprimir este departamento sin el acuerdo del Congreso, que será muy difícil de obtener. Sin embargo, el nuevo presidente podría tomar medidas para acabar con él desde dentro. En concreto, Trump acusa al Departamento de Educación de recibir demasiados fondos y a las escuelas de ser demasiado progresistas.
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