El 5 de mayo pasado el gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó un plan de ocupación permanente de Gaza en acuerdo con los partidos de ultraderecha que le apoyan en la coalición en el poder. La medida es criticada por la ONU, Francia, el Reino Unido, la UE y gran parte de la comunidad internacional. Si va unida a la expulsión de la población, podría constituir un crimen de limpieza étnica.
Desde que se inició la ofensiva militar en Gaza como respuesta al ataque de Hamás contra civiles y militares en octubre de 2023, la posibilidad de ocupar permanentemente ese territorio ha estado presente en el gobierno israelí. Los aliados de ultraderecha de Netanyahu han dejado claro que ganar la guerra y controlar Gaza es la prioridad, incluso por encima de rescatar a los rehenes que permanecen secuestrados.
Gaza estuvo ocupada por Israel desde 1967 hasta que se retiró en 2005, pero mantuvo un bloqueo por tierra, mar y aire, incluyendo el control del suministro eléctrico y la entrada de ayuda humanitaria.
La actual coalición de gobierno ha manifestado ya desde antes de octubre de 2023 el interés en incluir permanentemente en Israel a los Territorios Ocupados de Palestina (TOP) (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza). El ataque de Hamás les dio espacio político para avanzar en esa dirección.
El Estado de Israel controla militar, administrativa y judicialmente a Cisjordania y Gaza, pese a la ficción de gobierno palestino que opera con pocas funciones en parte de Cisjordania. De ahí que diversos expertos, como Marc Lynch y Nathan Brown (ambos de George Washington University), consideran que, de facto, hay un solo Estado de Israel que ocupa y controla por la fuerza a los palestinos en un régimen similar al Apartheid sudafricano.
Recientemente el ministro de finanzas Bezabel Smotrich (con atribución en el ministerio de Defensa) afirmó, según el periódico israelí Haaretz: “si Dios lo quiere en este mandato de gobierno habrá soberanía sobre Cisjordania”, donde ha ordenado la construcción de más asentamientos, “y así se acabará con la idea de que haya un “estado palestino”.” El gobierno israelí ha incrementado desde 2023 su ofensiva en Cisjordania (o West Bank) usando armas y métodos de destrucción urbana similar a la de Gaza.
Control y expulsión
Respecto de Gaza, Smotrich afirmó que “en pocos meses habremos triunfado. Será totalmente destruida y sus ciudadanos concentrados en Morag, una zona humanitaria alejada de Hamas y el terror. Desde ahí empezarán a marcharse hacia otros países, Nuestros secuestrados volverán a casa, y el ejército terminará de limpiar y destruir toda la infraestructura”.
Israel y Estados Unidos están negociando con diversos países, luego de la negativa de Egipto y Jordania, a recibir ciudadanos de Gaza. Según la publicación estadounidense Axios, el servicio de inteligencia israelí, con apoyo de Washington, está en conversaciones con Somalia y Sudán (dos países en guerra), Ruanda e Indonesia para que reciban grupos de gazatíes a cambio de ayuda económica y apoyo diplomático.
Expertos jurídicos consideran que si Israel y EE. UU. expulsan a ciudadanos de la franja de Gaza (aunque sea bajo una supuesta “voluntad de emigrar”) cometería “limpieza étnica” que podría suponer la apertura de causas a funcionarios de los dos países por parte de la Corte Penal Internacional.
Sustituir a la ONU
Israel rompió en marzo pasado la tregua que había negociado con Hamás a través de Egipto. Desde entonces no permite la entrada de camiones con ayuda humanitaria (alimentos y medicinas) organizada por la ONU en colaboración con ONGS. El gobierno israelí alega que todavía hay comida “suficiente” dentro de la franja. La ONU, sin embargo, afirma que sus reservas de alimentos se han acabado al tiempo que los pocos que se consiguen en el mercado negro tienen precios inaccesibles para una población continuamente desplazada, sin trabajo ni ingresos, y sin protección e ínfima ayuda externa. Israel también ha cortado el suministro eléctrico.
La ONG OXFAM indicó en abril que 43 organizaciones de ayuda internacionales y palestinas que trabajan en Gaza “han tenido que suspender o reducir drásticamente sus servicios desde que finalizó el alto el fuego el 18 de marzo, y que los bombardeos generalizados e indiscriminados hacen extremadamente peligroso circular por la zona”.
Desde que se inició la ofensiva en octubre de 2023, han muerto 52.000 personas según datos del Ministerio de Salud de Hamas, contrastados por la ONU, ONGS y el servicio de inteligencia de Israel. La prestigiosa revista científica The Lancet indicó en 2024 que, debido a la destrucción de infraestructura sanitaria, la escasez de alimentos y falta de refugios seguros la cifra oficial podría elevarse entre cuatro a quince veces más.
El nuevo plan de ocupación permanente contempla sustituir la coordinación de la ONU para proveer ayuda humanitaria por compañías privadas de seguridad de EE. UU. en el marco de un consorcio creado entre Catar, Egipto y EE. UU. En octubre de 2024 el Financial Times reveló que Israel fomentaba la entrada de ayuda en Gaza por parte de grupos criminales israelíes y palestinos.
El plan es criticado, entre otras cuestiones, porque también prevé que la población deba ir hasta centros de abastecimiento a recoger la ayuda en vez de que esta sea llevada a ella, como indican las reglas humanitarias. El proyecto supone, además, que los 2,1 millones de palestinos estarán recluidos en una pequeña parte de Gaza. Israel espera que tras dos años de asedio y habiendo perdido todo, acepten, como espera el ministro Smotrich, marcharse. Pero analistas internacionales consideran que el sentimiento nacionalista es, sin embargo, muy fuerte y que los palestinos saben, por las experiencias desde 1948, que cuando son desplazados de un territorio Israel nunca les permite volver.
Mariano Aguirre es associate fellow de Chatham House.
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