Donald Trump sigue encontrando maneras de asfixiar al régimen de Nicolás Maduro y esta vez, ha revocado las licencias de varias trasnacionales para explotar petróleo y gas venezolano.
Washington aún no publica una lista oficial pero ya varios nombres de empresas han salido a la luz: la española Repsol, la francesa Maurel&Prom, la italiana ENI, la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III, se sumarían a la gigante Chevron, como las compaَñías que deben cesar sus operaciones en Venezuela a más tardar el 27 de mayo y suspender el procesamiento de crudo venezolano en sus refinerías del mundo entero.
Es preciso recordar que el petróleo sigue siendo la mayor – por no decir la única – fuente de ingresos que posee Venezuela. Después de ver caer su producción en 80% en ocho años consecutivos de recesión, la empresa petrolera venezolana produce actualmente cerca de un millón de barriles diarios, en alto contraste con los 3 millones de barriles que producía a la llegada de Hugo Chávez al poder. De ese millón de barriles registrado en 2024, Chevron operaba 220.000, Repsol unos 60.000 y Maurel & Prom con entre 20.000 y 25.000.
Las tres empresas habían recibido autorización para operar en Venezuela durante la administración de Joe Biden. Pero Donald Trump ha revertido esta medida, decidido a atacar el bolsillo del régimen de Maduro, emitiendo una orden ejecutiva esta semana que establece que Estados Unidos comenzará a imponer el arancel del 25 % a cualquier país que compre petróleo venezolano.
Las razones son varias: primero, Nicolás Maduro se juramentó el pasado mes de enero para un nuevo mandato de seis años, a pesar de las contundentes denuncias de fraude en las elecciones del 28 de julio. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países vecinos en América Latina como El Salvador, Argentina y Chile, consideran que el verdadero ganador fue el líder opositor Edmundo González Urrutia. El régimen chavista nunca pudo presentar las actas electorales que debían probar su cuestionada reelección.
En segundo lugar, Trump – en su cruzada anti-inmigración – también arremete contra el gobierno de Maduro por no aceptar en mayor número el regreso de migrantes irregulares venezolanos detenidos en Estados Unidos. Incluso va más allá: acusa a Maduro de haber enviado a territorio estadounidense a miles de miembros de la banda conocida como “Tren de Aragua”, recientemente incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Trump no no ha escatimado en decirlo crudamente: “Venezuela ha enviado a propósito y bajo engaño, en secreto, decenas de miles de delincuentes de gran peligrosidad y otros, muchos de los cuales son asesinos y gente de naturaleza muy violenta. En el mes de marzo, 238 venezolanos fueron enviados a la temida cárcel CECOT de El Salvador, acusados de ser miembros del Tren de Aragua. Pocos días después, la Casa Blanca admitía que casi la mitad sólo había cometido infracciones migratorias.
La reacción de Venezuela
"Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas” – dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, defendiendo a su país como "socio confiable".
El país es el tercer país proveedor de petróleo a Estados Unidos, después de Canadá y México, según la Agencia de Información sobre Energía. Rodríguez agregó que Venezuela está abierta a las inversiones nacionales e internacionales del sector petrolero y gasífero. Las "empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero" para operar en Venezuela debido a que no "reconoce" jurisdicción "extraterritorial alguna".
Queda por ver cuál será el impacto de esta decisión de la administración Trump en la vida cotidiana de los venezolanos, sabiendo que en el país sigue aplicándose un control de cambio de divisas que se mantiene en vigor desde el año 2003. Las operaciones de empresas como Repsol, Chevron o Global Oil Terminals son una fuente importante de dólares para las importaciones de insumos básicos y el funcionamiento esencial del país.
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