La Ley de Amnistía, impulsada por el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez, fue finalmente aprobada por una corta mayoría en el Tribunal Constitucional este 26 de junio, tras una dura campaña de impugnaciones liderada por el conservador Partido Popular. Sánchez festejó la noticia desde Bruselas.
La amnistía es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para mantener la presidencia de España en 2023. El socialista necesitaba los votos de los secesionistas catalanes de Carles Puigdemont, que vive en Bélgica, prófugo de la justicia española, desde que declaró una fallida independencia de Cataluña en 2016.
Puigdemont exigía una ley de amnistía que le beneficiaba a él y a otros líderes independentistas, y la norma logró el apoyo del Parlamento español el año pasado para perdonar las causas penales durante el llamado “procés” de políticos, activistas y también agentes de policía que reprimieron protestas en Cataluña.
“Cerrando una crisis política”
La medida de gracia fue recurrida por el conservador Partido Popular, pero finalmente el Tribunal Constitucional español se ha pronunciado este jueves para respaldar la Ley de Amnistía, aunque lo ha hecho en una votación muy dividida, con seis de sus miembros a favor y cuatro en contra. En su sentencia, el tribunal afirma que la amnistía no vulnera la Constitución y considera que tiene “una finalidad legítima de interés público”.
El presidente español, Pedro Sánchez, ya ha celebrado la noticia desde Bruselas. “Es una muy buena noticia para España porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política”, ha dicho antes de asistir a la reunión del Consejo Europeo.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el abogado de Carles Puigdemont ya ha anunciado que prepara un recurso de amparo para que se le aplique la amnistía y el líder independentista pueda volver a Cataluña.
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