La Fiscalía colombiana embargó este martes dos oficinas de la petrolera anglofrancesa Perenco en Bogotá, en el marco de una investigación que la vincula con el financiamiento de un grupo paramilitar en el noreste del país entre 1997 y 2005.
Desde 2010, exintegrantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han señalado a la multinacional Perenco de haber apoyado económicamente a esa organización, responsable de múltiples crímenes durante los años más intensos del conflicto armado colombiano.
Como resultado del embargo, la fiscalía informó el martes en un comunicado que las oficinas y los bienes de la compañía serán destinados a un fondo de reparación de víctimas, creado tras la desmovilización de unos 30.000 combatientes en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Las propiedades, avaluadas en unos 10 millones de dólares, serán destinadas a la "indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare", según el ente acusador.
Los allanamientos fueron ordenados por un tribunal en Bogotá en el marco de la ley de Justicia y Paz, que otorgó beneficios judiciales a excombatientes como un máximo de ocho años de cárcel a cambio de deponer las armas y confesar sus crímenes.
Perenco en silencio
La multinacional, que se instaló en Colombia en 1993, aún no se ha pronunciado sobre el embargo. Según testimonios de excombatientes de las AUC, la petrolera financió entre 1997 y 2005 a su organización con "dinero, combustible, alimentación y transporte a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo".
La fiscalía asegura que esta alianza permitió a la petrolera "incrementar su patrimonio" durante ese periodo, con por ejemplo, una producción en 2024 de unos 165.000 barriles de crudo diarios en 34 campos petroleros ubicados en Casanare, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Pero este no es el único caso que involucra a multinacionales en financiamiento a grupos paramilitares. En junio de 2024, la justicia estadounidense responsabilizó a la bananera Chiquita Brands por patrocinar a las AUC en la región de Urabá (noroeste). Desde 2023, dos directivos de la minera de carbón estadounidense Drummond enfrentan un juicio en Colombia por vínculos con ese mismo grupo en el departamento del Cesar (norte).
La guerra interna de más de medio siglo en Colombia deja unos 1,1 millones de muertos, 200.000 desaparecidos y 9 millones de desplazados. Este conflicto ha enfrentado a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales.
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