Ante la oposición de la Junta Central Electoral (JCE) sobre las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral (15-19), el vicepresidente ejecutivo de Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entiende la Cámara de Diputados debe de convocar, no solo la JCE, sino también a los miembros del Consejo Económico y Social, a los senadores que conformaron la comisión que aprobó el informe, entre otros sectores.
Servio Tulio Castaños Guzmán concuerda con los alegatos del órgano electoral, la cual criticó que se generaron una serie de consensos que no fueron tomados en cuenta por el Senado de la República en lo que aprobó como reforma.
Sería riesgo que la Cámara de Diputados aprobara lo que aprobó el Senado de la República. Yo pienso que Alfredo Pacheco debería convocar a los miembros de la JCE, a los que fueron parte de la comisión que conoció a lo interno del Senado esta propuesta de reforma, aseveró.
Para el vicepresidente de Finjus siente que con esa decisión a la Junta Central Electoral se le está disminuyendo su poder de fiscalización. Afirmó que se le está reduciendo a la entidad electoral la facultad que tiene para poder ordenar medidas cautelares. Señaló, además, que los informes que tenían que rendirle los partidos políticos a la JCE se derogó, quitando esta obligación de rendir cuentas.
JCE se opone a modificaciones del Senado a la Ley del Régimen Electoral
La Junta Central Electoral (JCE) mostró su oposición a varias modificaciones que realizó el Senado al proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral (15-19) que sometió ante ese hemiciclo el propio organismo responsable de celebrar los comicios en el país.
La JCE emitió un documento en el que expresa su preocupación por "aspectos medulares" del sistema electoral que no fueron objeto de reforma por parte del Senado.
Entre estos, que, en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente, además de que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
También advirtió que la modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19 (artículo 27 del Proyecto de Ley aprobado por el Senado) constituye una "merma a la autoridad y autonomía" del Pleno de ese organismo.