La Junta Central Electoral (JCE) mostró este martes su oposición a varias modificaciones que realizó el Senado al proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral (15-19) que sometió ante ese hemiciclo el propio organismo responsable de celebrar los comicios en el país.
La JCE emitió un documento en el que expresa su preocupación por "aspectos medulares" del sistema electoral que no fueron objeto de reforma por parte del Senado.
Entre estos, que en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente, además de que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
De acuerdo con la JCE, si esto se hubiese aprobado contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular, crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
De igual manera, la institución lamentó que los senadores no acogieron la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías.
Esto, según la JCE, genera consecuencias negativas, tales como aumentar los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas, forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio y, sobre todo, configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas.
Asimismo, se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, "lo que disminuye sus garras" para que "cautelarmente" se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral, además, no se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas.
La Junta Central Electoral también advirtió que la modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19 (artículo 27 del Proyecto de Ley aprobado por el Senado) constituye una "merma a la autoridad y autonomía" del Pleno de ese organismo.
Esto, porque se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso.
Igualmente, dejaría a direcciones "fundamentales" de la JCE como Elecciones, Informática y el Voto Dominicano en el Exterior bajo las directrices y conducción discrecional de las organizaciones políticas, socavando la autonomía constitucional de la JCE.
En ese sentido, la institución solicitó de que estos aspectos puedan ser reconsiderados cuando el proyecto pase a ser discutido por la Cámara de Diputados