Organizaciones y activistas por los derechos humanos convocaron a una protesta este jueves a las 10:00 a.m. frente al Congreso Nacional, en demanda de la aprobación de un Código Penal que garantice la dignidad y los derechos de todas las personas en la República Dominicana.
La acción forma parte de las actividades impulsadas a través de la una coalición amplia que busca movilizar a la ciudadanía para incidir en la reforma del Código Penal desde una perspectiva de justicia, equidad y derechos humanos.
La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por la posibilidad de que se apruebe un Código Penal que mantenga vacíos legales graves y excluya protecciones fundamentales, especialmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre las principales demandas se incluyen, la no criminalización de la protesta social, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra el Estado, inclusión de la responsabilidad jurídica de las alcaldías y partidos políticos, declaración de no prescripción para delitos de abuso sexual infantil, eliminación de la inmunidad penal para representantes de iglesias y la incorporación de las tres causales del aborto como una cuestión de salud, dignidad y derechos para las mujeres dominicanas, entre otras.
“El país necesita un Código Penal del siglo XXI, por ello no aceptamos más retrasos ni versiones regresivas. Es hora de legislar con perspectiva de derechos, justicia e igualdad”, expresaron representantes de la coalición convocante.
El Código Penal de la República Dominicana, establecido en 1884 y vigente en la actualidad, criminaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. De acuerdo a la ley actual, el castigo tanto para mujeres como niñas que busquen un aborto o para los médicos que prestan servicios de aborto es ir a la cárcel.
Durante muchos años, activistas de organizaciones de derechos reproductivos en el país han instado al presidente Luis Abinader, a que realice una enmienda al Código Penal para permitir el aborto bajo las tres causales como había prometido durante su campaña presidencial, pero casi seis años después en la Presidencia no ha tomado ninguna medida para hacerlo realidad.
“Esto implica una traición de Abinader a las mujeres y a toda la ciudadanía que dio su voto confiando en la promesa de que se protegerían los derechos de todas las personas, incluyendo la aprobación de las tres causales”, afirmaron las convocantes.
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