Aquí cabe recordar que, hasta hace poco, Magín Díaz era un opositor crítico de la política presupuestaria del Gobierno actual. Pero como bien dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín: Magín dejó la guitarra de la oposición y tomó el violín oficialista, tocando ahora en la orquesta gubernamental la misma melodía que antes cuestionaba.
El recién nombrado ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha sometido al Congreso un presupuesto complementario que, según los titulares oficiales, busca “reactivar la economía con cambios al presupuesto nacional”. El Gobierno lo presenta como una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y dinamizar la actividad económica mediante un incremento en la inversión pública.
Sin embargo, al examinar el proyecto con detenimiento, los números cuentan otra historia.
El presupuesto contempla un aumento neto de RD$69,740.2 millones, equivalente a un 4.7% más de lo inicialmente aprobado. De esa cifra, la mitad se destinará a gasto corriente y la otra mitad a gasto de capital. Es decir, de los RD$69,740 millones adicionales, apenas RD$35,548 millones irán a inversión pública, lo que representa apenas un 0.4% del PIB.
El discurso oficial insiste en que se trata de una apuesta por la inversión como motor de crecimiento, pero en la práctica el gasto corriente sigue expandiéndose casi en la misma proporción, consolidando una estructura presupuestaria desequilibrada.
El Gobierno justifica el aumento señalando la necesidad de “mitigar los efectos de la coyuntura internacional”. No obstante, la realidad es que los principales motores externos de la economía dominicana —turismo, remesas y exportaciones— han mostrado un crecimiento sostenido en el primer semestre de 2025. La desaceleración no viene de fuera, sino de factores internos, principalmente de la gestión fiscal y la falta de reformas estructurales.
Otro elemento llamativo es la fuente de financiamiento del gasto adicional. Según el Gobierno, no habrá necesidad de nuevas deudas porque se utilizarán recursos excedentes no ejecutados en ejercicios previos. En teoría suena prudente; en la práctica, es un reconocimiento tácito de que el Estado ha tomado más préstamos de los que puede ejecutar.
Esto significa que la nación ha estado cargando con intereses y obligaciones por fondos que no fueron utilizados a tiempo, evidenciando un problema de ineficiencia en la ejecución presupuestaria. En lugar de ser un alivio, se convierte en prueba de una gestión financiera desordenada.
Lo correcto sería recortar el gasto corriente y reenfocar esos recursos hacia inversión productiva. Pero el Gobierno prefiere aumentar ambas partidas en paralelo, manteniendo una inversión de capital inferior al 11% del PIB, claramente insuficiente para impulsar productividad, competitividad y crecimiento sostenible.
El presupuesto complementario presentado por el ministro Díaz no constituye una estrategia seria de desarrollo, sino un parche para sostener el gasto corriente. La retórica de la política contracíclica contrasta con una práctica fiscal que mantiene el déficit, aumenta la deuda y desperdicia recursos en lugar de transformarlos en crecimiento real.
Más que una medida contracíclica, estamos frente a una confirmación de que el Estado dominicano se endeuda más allá de su capacidad de ejecutar, comprometiendo el presente y el futuro del país con cargas innecesarias.
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