La seguridad social dominicana llega a 2025 en un punto crucial de su trayectoria histórica. La expansión de la cobertura durante las dos últimas décadas ha sido un logro innegable, pero la presión de los costos, las inequidades en la distribución de los recursos y las tensiones demográficas han puesto de relieve que el modelo vigente requiere una nueva etapa. Lo que se vislumbra en este momento es la posibilidad de convertir el sistema en un verdadero motor de cohesión social y desarrollo, gracias al giro que se ha iniciado hacia la transparencia, el adecentamiento y el fortalecimiento de los controles.
El presidente Luis Abinader ha colocado el tema en el centro de la agenda nacional. Su insistencia en ordenar cuentas, auditar procedimientos, depurar fraudes y abrir datos al escrutinio ciudadano no solo responde a una urgencia de confianza pública, sino que marca un cambio de cultura institucional. Bajo esta rectoría, la seguridad social deja de ser un ámbito dominado por zonas grises en la gestión y fragmentado para transformarse en un espacio de rendición de cuentas, donde los recursos que provienen de los trabajadores, empleadores y del propio Estado se administran con un criterio de integridad. Este cambio, ya en marcha, constituye la base indispensable para que las instituciones rectoras y operadoras avancen en la ejecución de políticas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.
Las decisiones que se han ido adoptando en materia de control administrativo y trazabilidad digital, al consolidarse, permitirán que la asignación de recursos pueda enfocarse en lo verdaderamente importante, que es la salud de la población y la garantía de los derechos sociales. El fortalecimiento de la transparencia hace posible que las medidas orientadas a mejorar la calidad del gasto, a ordenar la cobertura de medicamentos y procedimientos, y a vincular la financiación con resultados clínicos se integren paulatinamente en la práctica cotidiana del sistema. Así, la República Dominicana se encamina hacia un modelo donde la legitimidad se sustenta no en discursos, sino en la verificación ciudadana del uso correcto de los fondos.
La seguridad social dominicana se transforma en un modelo basado en transparencia, control institucional y rendición de cuentas
Este proceso abre también la puerta a la construcción de un equilibrio más justo entre regímenes. La brecha de cinco a uno entre la cápita contributiva y la subsidiada ha sido históricamente un símbolo de inequidad. La orientación hacia la transparencia y el orden institucional habilita a las autoridades a encarar la corrección de esa asimetría con criterios técnicos y fiscales claros. En la medida en que la gestión pública y las entidades responsables avanzan en esta dirección, el sistema se acerca a un diseño donde la protección social responde a las necesidades epidemiológicas de la población y no solo a su capacidad contributiva.
Las tendencias demográficas y epidemiológicas, que en otros contextos serían vistas solo como amenazas, se convierten bajo esta nueva conducción en estímulos para acelerar transformaciones. El aumento de los adultos mayores y la presión sobre las pensiones están siendo asumidos como señales de que el sistema requiere ajustes actuariales graduales y previsibles. La incorporación de mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias, la integración de resultados en salud como parte de la contratación de servicios y la formalización progresiva del empleo informal aparecen en la agenda institucional como componentes de una estrategia que ya no se concibe como una opción, sino como el proceso en curso.
Lo que se proyecta hacia 2028 no es un sistema paralizado por déficits o atrapado en crisis de confianza, sino una arquitectura social y financiera que habrá consolidado su sostenibilidad a partir de decisiones políticas firmes y de una gestión técnica disciplinada. En el escenario que se perfila, el SENASA fortalecido, las ARS bajo reglas más claras, el CNSS con mayor capacidad regulatoria y la SISALRIL con sistemas de auditoría más robustos actuarán de manera coordinada, bajo el liderazgo político del Ejecutivo y la conducción institucional del CNSS, para ofrecer una seguridad social más equitativa y más legítima.
Las decisiones políticas firmes y la gestión técnica disciplinada apuntan a consolidar un sistema más justo y sostenible para toda la ciudadanía
La República Dominicana no se encuentra frente a un dilema de opciones dispersas, sino ante la oportunidad de consolidar una reforma que ya está en ejecución. El énfasis presidencial en la transparencia, asumido como línea de acción nacional, ofrece el terreno sobre el cual se desplegarán las medidas que garantizarán tanto la gestión equitativa y eficiente de los recursos financieros como la mejora tangible de los resultados en salud y pensiones. La decisión política de avanzar en esta ruta ya se tomó; lo que esperamos ver en los próximos años es su consolidación en políticas públicas concretas, en nuevas prácticas institucionales y en beneficios palpables para la ciudadanía.
Lo que hasta unos pocos meses atrás era una preocupación creciente se va transformando en un horizonte de confianza. La seguridad social dominicana, bajo el nuevo liderazgo institucional, no se limitará a administrar problemas, sino que se prepara para convertirse en un instrumento de justicia social y de desarrollo sostenible. La visión de transparencia y control asumida al cierre de 2025 habrá de convertirse, mucho antes de 2028, en un legado de país, un sistema de seguridad social que no solo se sostiene financieramente, sino que devuelve a cada dominicano la certeza de que sus derechos están garantizados y sus aportes se utilizan con la integridad esperada.
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