La República Dominicana no conoce el fin de una campaña electoral. Finaliza una y se inicia la otra. Esto es de campaña en campaña. Todavía no se ha realizado un cálculo integral de los gastos de la campaña municipal; pero, ya estamos en la campaña presidencial. Parece que hay un plan para que los dominicanos se vuelvan locos y no tengan espacio para respirar y descansar de tantas promesas políticas que caen al vacío con la misma celeridad de la oferta por parte de los candidatos presidenciales. Un estudio sobre el desgaste que producen estos eventos constituirá un aporte significativo para la sociedad,
El desarrollo de la actividad electoral tiene implicaciones económicas, medioambientales, políticas, antropológicas y socioeducativas. Todas estas dimensiones requieren atención para que los eventos electorales no deterioren más las condiciones de los actores y de los contextos en los que intervienen. El seguimiento sistemático a la repercusión de la campaña eterna hay que darle un carácter prioritario. Los indicadores que dan cuenta del deterioro son muchos. Basta observar el ámbito medioambiental en la diversidad de sectores de la capital de la República Dominicana y en ciudades del interior.
El planteamiento de una regulación más lógica del tiempo electoral no implica sacrificar la democracia. Por el contrario, supone el fortalecimiento de la calidad de la democracia, de la gestión racional de los recursos; y de la organización de los partidos políticos para aportar propuestas coherentes y creíbles. Es necesario que la Junta Central Electoral lidere un proceso de análisis que permita la revisión de la línea temporal que media entre las dos modalidades de elecciones. La sociedad no resiste más un ambiente permanente de gastos sin sentido y de vocinglería orientada al dominio emocional de los sectores con una educación más vulnerable. Dar pasos orientados a la introducción de cambios en la temporalidad que media entre las elecciones municipales y presidenciales es una empresa difícil, pero es posible.
El tiempo electoral se debe acortar. Este ajuste posibilitará la reducción de gastos y del impacto negativo que conlleva. La Constitución de la República Dominicana consigna las elecciones separadas en el Artículo 209; por tal motivo, tanto el gobierno como la JCE han de buscar alternativas para que se respeten las directrices que garantizan un clima y un orden caracterizados por la educación y el respeto en las campañas y en los procesos eleccionarios. Las actividades preelectorales se han de regir por un código ético que impida el desprestigio de la política y de las instituciones. Al mismo tiempo, han de impedir que los adeptos y simpatizantes se constituyan en meros instrumentos de posiciones y frases de los candidatos, que no tienen consistencia conceptual ni operativa.
La Junta Central Electoral debe impulsar un programa orientado a que los partidos políticos organicen con más formalidad la educación social y políticas de sus afiliados. Este proceso no debe realizarse solo en los períodos inmediatos a las elecciones, se ha de impulsar a lo largo de la vida del partido político. Se percibe falta de educación social y política en los afiliados y simpatizantes. Esta situación empeora las condiciones preelectorales y electorales. Los partidos políticos han de invertir en la formación de su membrecía; hacerlo favorece la cualificación de las decisiones y la institucionalidad de la organización partidaria. Posibilita, además, el desarrollo humano y políticos de los miembros del partido.
El tiempo electoral requiere reorientación en la República Dominicana. No es justo vivir con el fuego cruzado de los políticos en un tiempo tan largo. El cuidado del estado emocional, la producción de los miembros y simpatizantes; así como la higiene medioambiental, no pueden esperar más. Urge una acción eficiente en este campo.