Los artículos 5 y 7 de la Constitución dominicana, establecen su fundamento en el respeto a la dignidad humana. El artículo 8 del mismo texto supremo, lo reitera y plantea la protección efectiva de los derechos de la persona, la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
El reciente caso sobre el Seguro Nacional de Salud (SENASA), se configura en flagrante violación a los derechos fundamentales de los dominicanos. Nunca antes, al menos desde la entrada en vigencia de la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social, se había puesto en juego el fortalecimiento intitucional del sector. Se trata de una conquista social en beneficio de todos los dominicanos, en especial, de los más vulnerables dentro del fin que procura el Estado social y democrático de Derecho.
Fue justo ese el espíritu del constituyente del 26 de enero de 2010, cuando en el artículo 38 de la Carta Magna plasmó que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Un Estado de Derecho que no cumpla con los fines y propósitos de su propia Constitución, atenta en contra de su misma esencia.
De hecho, el propio Estado se propone cumplir con los mandatos constitucionales de manera programática, es decir, planificada y preventiva. Así lo sostiene el artículo 60 en torno a la seguridad social: Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
Asimismo, el Tribunal Constitucional (TC) a partir de sus sentencias TC/0051/25, TC/0295/24 y TC/0323/17, entre otras, ha reiterado la relevancia del recien citado artículo, específicamente, en torno al aspecto progresivo con que el Estado debe abordar el cumplimiento de su propósito como ente protector de los ciudadanos. El recién destapado escáncadalo de SENASA fue advertido por diversas personalidades y exfuncionarios hace años, pero el Poder Ejecutivo no prestó atención.
Hoy, cuando ya no se puede ocultar más, el propio presidente de la República ordena que el nuevo director de la institución y el superintendente de la SISALRIL colaboren con el Ministerio Público para que se investigue. Además de los artículos vulnerados de la Ley Sustantiva, se ha atentado en contra del derecho fundamental a la salud (61), al trabajo (62), a la protección de las personas de la tercera edad (57), así como a la protección de las personas com discapacidad (58). Esperemos que este crimen no quede impune. No hay excusas.
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