Una línea de algas en el horizonte caribeño ya no es sinónimo de belleza exótica. Es una advertencia. Hoy, nos detendremos en una marea literal y metafórica que amenaza con arrastrar consigo el pilar de nuestra economía: el turismo. Nos referimos a la persistente y mal gestionada amenaza del sargazo en Bávaro y Punta Cana, un ícono del turismo dominicano. Lo que alguna vez fue una rareza natural, actualmente es un problema estructural con profundas implicaciones sanitarias, económicas, ecológicas y de imagen para el país. El paraíso tropical se está tornando inhóspito, y los turistas, que son nuestra razón de ser, lo están notando.
Imaginen por un momento que el turismo es un motor de altísimo rendimiento, vital para la economía nacional, y el sargazo es la arena que se filtra poco a poco en sus engranajes. La contaminación visual y olfativa, descrita por los turistas como "huevos podridos" debido al gas de ácido sulfhídrico (H2S) que se libera al descomponerse el sargazo, no solo daña la experiencia, sino que también erosiona la confianza. La escena se completa con playas cubiertas de algas marrones, en contraste con las aguas cristalinas que prometen los folletos. Esta contradicción entre expectativa y realidad ha generado una avalancha de críticas en foros internacionales del sector turismo; redes sociales y plataformas de viaje se han convertido en un factor que ahuyenta a los visitantes, quienes ya han tomado la decisión de no regresar ni recomendar el destino. Esta contradicción entre la promesa y la realidad está causando un daño reputacional que tiene un costo tangible y grave.
El impacto económico no es una mera suposición, sino una realidad palpable. El turismo representa aproximadamente el 19% del PIB de la República Dominicana y es una fuente de empleo para más de 330,000 personas. Cada punto porcentual que perdemos en la llegada de visitantes se traduce en millones de dólares en divisas y empleo, afectando la estabilidad económica del país. Países vecinos como México ya han experimentado este impacto, con una reducción del 2.5% en la llegada de turistas en 2019 y gastos anuales de entre 30 y 35 millones de dólares solo en la limpieza de Quintana Roo. El costo de la inacción es, en el largo plazo, mucho mayor que el de la prevención.
La respuesta de nuestras autoridades, aunque existente, ha sido, hasta ahora, un parche momentáneo, no una estrategia. La Resolución 0046-2025 del Ministerio de Medio Ambiente, que permite la recolección manual y con equipo ligero, tiene una vigencia absurda de solo 10 días, lo que demuestra la falta de una política a largo plazo. Además, la Ley 64-00, si bien protege áreas sensibles al prohibir el uso de maquinaria pesada en zonas protegidas, lo cual es comprensible, entorpece la recolección eficiente al impedir el uso de esos equipos sin permisos que rara vez se otorgan a tiempo. Esto crea un vacío de acción justo donde más se necesita celeridad.
Otros países han demostrado que el problema no es insuperable si se actúa con visión. México, por ejemplo, ha invertido más de un millón de dólares por kilómetro en barreras marinas y embarcaciones especializadas para detener el sargazo en alta mar, una inversión que se justifica por el retorno en ingresos turísticos. Por otro lado, Barbados y Granada han optado por la innovación, desarrollando biotecnologías para transformar el sargazo en fertilizantes, biogás o ladrillos, convirtiendo un problema en una oportunidad. Martinica y Guadalupe instalaron sensores de gases y evacuaron zonas sensibles, priorizando la salud de residentes y visitantes. La inversión inicial es alta, pero los beneficios económicos y ambientales a mediano plazo son considerables.
Es evidente que el Estado dominicano necesita una estrategia audaz y coherente. El primer paso debe ser una regulación firme que obligue a los propietarios de hoteles y terrenos a mantener limpios los frentes de playa que explotan, con sanciones severas para quienes incumplan, como cierres temporales, suspensiones de licencias o multas. Se deben eliminar las trabas burocráticas y los permisos innecesarios durante temporadas críticas, creando ventanillas únicas y automatizando procesos para agilizar la extracción del sargazo. La implementación de un sistema de monitoreo satelital y predicción meteorológica para detectarlo y contenerlo en alta mar, como hacen otras naciones, aunque costosa, es una medida preventiva que ahorra daños mucho más caros en tierra.
A su vez, se deben crear brigadas costeras permanentes, capacitación, equipamiento y financiamiento mixto (público-privado). No se puede depender de operativos improvisados cada vez que hay un recale masivo.
Según estimaciones regionales, el costo anual de contención y limpieza del sargazo en el Caribe supera los 210 millones de dólares. Parece una cifra descomunal, hasta que la comparamos con los miles de millones que genera nuestra industria turística. El sargazo no va a desaparecer por sí solo, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo.
El gobierno dominicano tiene ante sí la oportunidad de liderar una política nacional integral, eficiente y sostenible. No podemos seguir dependiendo de operativos improvisados. La historia nos enseña que las crisis mal gestionadas se convierten en tragedias. Transformar este desafío en oportunidad exige voluntad política, cooperación institucional y coraje empresarial. Las contrariedades pueden convertirse en catalizadores de cambio y progreso. Hoy, nuestro paraíso despide un mal olor, pero todavía estamos a tiempo de limpiarlo.
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