El 2 de agosto del 2022 fue promulgada la Ley No. 345-22 de Regiones Únicas de Planificación por parte del presidente de la República, marcando un hito en nuestro marco jurídico al aprobar la primera ley de región del país, en respuesta a lo establecido en el Art. 195 de la Constitución y confirmado a través del Art. 32 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-12).
Luego de varios intentos por impulsar la planificación del desarrollo a nivel regional, a través de los Decretos 2465 del 1981, el 685 del año 2000 y el 710 del año 2004, una nueva oportunidad se presenta con esta Ley. Tres años después de su promulgación el momento es propicio para revisar los avances a la fecha y destacar temas pendientes para avanzar en su implementación.
Este proceso de conceptualización del nuevo modelo regional inició con las recomendaciones para el anteproyecto de Ley de las Regiones Operativas y de Planificación liderada por el Profesor Rafael Emilio Yunén; una propuesta que nos sirvió de base para consultar los actores políticos y así ajustar dicha propuesta para ser conocida en el Congreso Nacional a lo largo de varias legislaturas; hasta que a través de una Comisión Bicameral presidida por la senadora Ginnette Borunigal se arribó al consenso para aprobar el marco legal que tenemos hoy.
Hasta la fecha se desatacan los avances en el marco normativo, ya que contamos con la ley y el reglamento de aplicación aprobado; al igual que se han dado los primeros pasos en la creación del nuevo clasificador geográfico y la medición del Producto Interno Bruto (PIB) por región, el cual será profundizado a través del nuevo esquema institucional instituido en el Ministerio de Hacienda y Economía.
A partir de estos avances el reto está en que la normativa aprobada se traduzca en una estructura funcional para impulsar la cohesión territorial que necesita la nación y esto a su vez contribuya en mejorar la calidad de vida en cada región del país.
Para estos fines se requiere consolidar la institucionalidad regional ajustando todo el gobierno a un nuevo esquema operativo de planificación basado en regiones, donde las Oficinas Regionales de Planificación (ORP) sean un verdadero apoyo a la gestión del desarrollo. Un nuevo esquema institucional que derive en la definición de un presupuesto territorializado para incorporar la voz de quienes residen en las diez Regiones Únicas y priorizar tanto el gasto, como la inversión que requiere cada rincón de la geografía nacional.
La Ley de Regiones Únicas de Planificación es una oportunidad para construir una propuesta de desarrollo nacional basada en el potencial regional, impulsando las oportunidades de cada territorio y complementando las acciones entre regiones para hacer de la República Dominicana un polo unitario de desarrollo compuesto por una oferta regional diversificada al servicio del país y del mundo.
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