Los tecnócratas no le han resuelto todos los problemas a ningún país. Ese fue el caso con el gabinete tecnócrata del presidente Antonio Guzmán y de seguro será el del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Pero la tecnocracia conlleva el mérito de introducir racionalidad neutral a las decisiones gubernamentales –lo cual no puede imputársele a las decisiones puramente políticas– y eso implica mejores decisiones de política pública. Ahora que ya nuestra industria turística está madura y representa el sector económico más importante, conviene entronizar, en la mayor medida posible, la racionalidad en la gestión pública del turismo. A continuación se identifican varios estudios y análisis cruciales que atenderían acuciantes necesidades.
El primero enfocaría los “encadenamientos productivos” para que nuestra economía se ajuste mejor con la demanda de bienes y servicios que genera el sector turístico. Para ASONAHORES, “el turismo se erige como una de las actividades económicas con mayor encadenamiento con otros sectores de la economía, como la agricultura, agroindustria, construcción, manufactura, artesanía, transporte, logística, así como servicios profesionales”. De ahí la necesidad “de un estudio para determinar la cantidad de bienes y servicios que se importan hacia RD para abastecer al sector e identificar el potencial de la nación caribeña para proveer lo que todavía se importa. Determinar si es calidad, si es cantidad, si es que no se produce y a partir de ahí trabajar con otros sectores para lograr que esa importación cada vez se vaya disminuyendo.” La calidad del estudio debe ser inexpugnable.
La Ley 85-25 requiere aplicar adecuadamente su normativa sobre los alquileres y establece diferencias para alquileres residenciales y comerciales, buscando promover la inversión. Sin embargo, lo relativo a cómo regular la renta corta propia del sector turístico, en estancias inferiores a 30 días, todavía espera su discusión y formal legalización. Se requiere un debate urgente sobre cómo distinguir entre alquileres habitacionales y hospedaje turístico, siendo que las regulaciones que emerjan aborden aspectos como los impuestos adecuados, la seguridad y la competencia con los hoteles. La oferta de renta corta ha crecido un 23% en los últimos cinco años y el MITUR estima en 136,513 sus habitaciones disponibles.
Pero una cosa es la regulación para la oferta de renta corta y otra el desarrollo inmobiliario que registra actualmente el sector turístico. Algunos analistas reportan que el auge inmobiliario se debe, precisamente, a los alquileres de renta corta. (Existen varios análisis anuales que reportan sobre la evolución inmobiliaria en el Caribe y Centroamérica.) La prensa, por su lado, reporta que el 42% de las inversiones turísticas se destinan al sector inmobiliario. En consecuencia, se requiere conocer en detalle las características y tendencias de ese mercado y sus perspectivas futuras a fin de, no solo adecuar la legislación a sus necesidades, sino también perfilar su rol en el desarrollo sectorial. Entre los temas a tratar figuran las regulaciones relativas al tiempo compartido, los incentivos fiscales para retirados, las restricciones ambientales y el ordenamiento costero.
Por supuesto, el ordenamiento territorial no se limita a la zona costera. Con la promulgación de la Ley 368-22 ya existe el marco legal para abordar el asunto, estableciendo un orden de prioridad entre los diferentes polos y regiones turísticas. Existen antecedentes específicos en relación con Samaná, Pedernales y Miches, pero estos datan de antes de la referida ley. Se requiere una revisión de esos antecedentes para asegurar que sean compatibles con las disposiciones de la reciente legislación. Pero de mayor urgencia es el ordenamiento territorial del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, el cual afortunadamente está elaborándose en la actualidad. Pero es necesario que se aborde también el respectivo ordenamiento para la provincia La Altagracia entera y, dadas las golosas perspectivas de desarrollo inmobiliario de Río San Juan y Montecristi, que también ellos figuren como prioridades.
Por otro lado, llueven los reportes sobre la “arrabalización” del polo Bávaro-Punta Cana. El desorden vial, la escasa señalización, el pobre ornato, el deficiente cuidado del paisaje y el mobiliario urbano, etc., nos colocan en una posición desventajosa en relación con Quintana Roo, nuestro principal competidor regional. Es de lamentar que no se haya abordado la tarea de elaborar un Plan de Desarrollo Urbano, algo que revalorizaría toda la propiedad inmobiliaria mientras nos presenta una imagen más competitiva. Es a MITUR y al Distrito Municipal a quienes les toca acometer la tarea, pero sus implicaciones son tales que otras agencias del estado deberán también involucrarse. Y deberá apoyarse la pretensión de que el Distrito Municipal sea elevado a la categoría de municipio, para lo cual ya hay un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado. Ojalá y, en el caso del Centro Histórico de Santo Domingo, también se acoja la vieja sugerencia de convertirlo en un municipio especial.
Por desidia ancestral, falta abordar la elaboración de una nueva legislación madre para el sector. La existente (Ley 541) proviene de los años sesenta y carece de muchos componentes que existen hoy y no existían entonces. Existen marcos internacionales que pueden servir de referencia (incluyendo el Código Internacional para la Protección de los Turistas (una guía para los Estados) y el Código Ético Mundial para el Turismo (principios para el desarrollo turístico). Pero esos códigos se limitan a aspectos específicos y limitados de la actividad turística. Lo que necesitamos es una ley marco que abarque y regule todas las actividades sectoriales. Pero su elaboración no debe encomendársele a un abogado porque el hecho de que el código deseado sería una ley no justifica la asignación de la tarea a un jurista. Eso debe ser una encomienda de economistas, con una intervención final de un jurista para darle forma al proyecto de ley correspondiente.
Este limitado ramillete de tareas es propio de los tecnócratas. Por insondables razones no se ganan la simpatía de los políticos, que son los últimos responsables de las políticas públicas. En el caso de nuestro país, afortunadamente, se reporta informalmente que ONU Turismo ha recomendado, en el borrador de la Estrategia de Turismo Sostenible que ha ayudado a elaborar para MITUR, la creación de un Observatorio Dominicano de Turismo Sostenible. Si esa entidad es patrocinada y albergada por un pequeño grupo de nuestras universidades y eventualmente se crea, estaremos dando un espaldarazo a la calidad de nuestra política pública y, especialmente, a la gestión pública del turismo.
Compartir esta nota