El día 13 de agosto del año 2022, el presidente de la República nos solicitó la elaboración de un proyecto de ley para regular los servicios de emergencia. El señor presidente valoró que dicha propuesta legislativa es esencial para el país.

En ese sentido, el proyecto de ley que elaboramos prohíbe el cobro de depósitos o anticipos y establece sanciones severas, de multa y prisión, para los profesionales de la salud y PSS que nieguen los servicios de emergencia a los ciudadanos. Asimismo, dispone la creación de un fondo, con cargo al presupuesto general de la nación, destinado al pago de los servicios de emergencia cuando la persona no esté afiliada a una ARS y no cuente con un seguro médico privado que cubra dichos servicios y siempre que no haya pagado la factura a la PSS.

En ese tenor, el 23 de agosto del año 2022 solicitamos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) la realización de un estudio actuarial para determinar los recursos necesarios para la creación del fondo.

En fecha 24 de octubre del año 2022, en presencia de varios ministros y funcionarios públicos, le presentamos el proyecto de ley al honorable Sr. presidente, quedando pendiente la entrega por parte de la SISALRIL de los resultados del estudio actuarial que le solicitamos el 23 de agosto del año 2022. Fue el 3 de marzo del año 2023 cuando la SISALRIL nos remitió dicho estudio, en el que concluyó que se requieren MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 20/100 (RD$1,292,467,628.20) para la creación del fondo destinado al pago de los servicios de emergencia.

El fondo para el pago de los servicios de emergencia será administrado por el Seguro Nacional de Salud (ARS SeNaSa). Por consiguiente, con la designación del Dr. Edward Guzmán, como director ejecutivo de ARS SeNaSa, quien ha demostrado ser un técnico en seguridad social y un funcionario eficiente, estamos confiado en que contaremos con su colaboración y apoyo para que dicho proyecto de ley sea sometido al Congreso Nacional.

Ese proyecto de ley es trascendental para el país, con el objeto de que a las personas no se les sigan negando los servicios de emergencia, debido a que las clínicas tendrán garantizado el pago de los servicios, en caso de que el ciudadano no cumpla con el pago de los mismos. Adicionalmente, se aplicarán sanciones severas de prisión y multa a los prestadores que incurran en dicha infracción, lo que reforzará la seguridad del sistema.

Desde el 3 de marzo del año 2023, el proyecto de ley que regula los servicios de emergencia está concluido y a la espera de ser sometido al Congreso Nacional, con la certeza de que, cuando el tiempo se mide en segundos y la vida pende de un hilo, ninguna puerta se cierre por falta de previsión y de recursos, porque la verdadera grandeza de un país se mide en su capacidad de cuidar a su gente cuando más lo necesitan.

Francisco Aristy

Egresado de Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en febrero del año 1992. Máster en Dirección y Gestión de los Sistema de Seguridad Social y Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Universidad de Alcalá de Henares y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), España. Ha realizado también decenas de diplomados, cursos, congresos y conferencias sobre seguridad social en España, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos de América y República Dominicana. Ha impartido docencia en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Actualmente es profesor de la asignatura de Legislación de Seguros del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Prestó servicios para el Estado durante treinta y dos años (32) años, de los cuales veintiséis (26) años fueron en el área de los seguros sociales y la seguridad social, de manera que, durante ocho (8) años prestó servicios para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y durante (18) años para la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ocupando el cargo de Director Jurídico, desde junio de 2007 hasta abril del año 2021. En junio del año 2013, fue elegido como Vicepresidente de la Comisión Americana Jurídico Social (CAJS), órgano de la Conferencia Interamericana sobre Seguridad Social (CISS), función que desempeñó hasta el mes de abril del año 2021. En febrero del año 2014, fue condecorado en la Salón Las Cariátides del Palacio Presidencial, con la Medalla al Mérito y Honor del Servidor Público.

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