El resurgimiento del proteccionismo en los últimos años marca un giro decisivo en el orden económico internacional. Tras décadas de predominio del libre comercio, las principales potencias occidentales comienzan a priorizar la seguridad económica y la autosuficiencia industrial. Aranceles, subsidios masivos y nuevas barreras no arancelarias modifican el panorama global, generando tensiones incluso entre aliados históricos. Este fenómeno plantea una pregunta crucial: ¿estamos ante una fase transitoria o ante una nueva normalidad?
El proteccionismo se define como el conjunto de políticas económicas mediante las cuales un Estado busca proteger su producción nacional frente a la competencia extranjera, restringiendo el ingreso de bienes o servicios importados a través de medidas como aranceles, cuotas, subsidios internos o barreras técnicas. Aunque históricamente constituye una herramienta recurrente en momentos de crisis o transición, en las últimas décadas fue desplazado por una visión dominante basada en la liberalización comercial y la integración global de mercados. Su renovada vigencia refleja una transformación en las prioridades de política económica de los Estados.
El proteccionismo actual no surgió de forma espontánea, sino como reacción a una serie de crisis que ponen en evidencia las debilidades del modelo globalizado. La pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad de las cadenas de suministro extendidas, especialmente en sectores clave como la salud y la tecnología. La guerra en Ucrania, por su parte, reconfiguró la seguridad energética en Europa y destacó los riesgos de una interdependencia excesiva. A esto se suma la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, que ha desencadenado restricciones comerciales y subsidios multimillonarios a sectores estratégicos.
Estados Unidos toma la delantera con leyes como la Inflation Reduction Act y el CHIPS and Science Act, destinadas a fomentar la producción nacional y atraer inversiones. La Unión Europea responde con su propio plan industrial verde, reforzando el control sobre inversiones y promoviendo su autonomía estratégica. Japón, Corea del Sur y otras economías avanzadas también adoptan medidas similares, buscando asegurar materiales críticos y proteger su base industrial.
Este viraje debilita el sistema multilateral de comercio, en particular a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que enfrenta una pérdida de autoridad y liderazgo ante la proliferación de medidas unilaterales y la parálisis de su Órgano de Apelación e incluso entre socios tradicionales, como Estados Unidos y la Unión Europea, se identifican fricciones por prácticas consideradas discriminatorias.
Las economías en desarrollo enfrentan un entorno más incierto. Regiones como América Latina, África o el sudeste asiático ven cómo se reducen las oportunidades de integración y se amplifican las presiones para alinearse con uno u otro bloque. Aun así, algunos países tratan de aprovechar el nuevo escenario. México experimenta un auge en la inversión manufacturera gracias al nearshoring, mientras que Vietnam se consolida como un destino clave para la relocalización industrial.
No obstante, los riesgos del proteccionismo son considerables. Puede provocar una fragmentación del sistema global, dificultar la cooperación ante desafíos comunes y fomentar una competencia por subsidios que pocos pueden sostener. Además, sus beneficios suelen ser limitados y de corto plazo, mientras que sus costos pueden incluir represalias comerciales y pérdida de eficiencia.
El reto está en encontrar un equilibrio. La comunidad internacional necesita repensar las reglas del comercio global para adaptarlas a un mundo más multipolar y volátil. Reformar la OMC, fortalecer los mecanismos regionales y promover pactos globales que armonicen desarrollo, sostenibilidad y equidad son pasos urgentes.
En tanto, el proteccionismo llegó para quedarse, pero su permanencia no debe implicar el abandono del multilateralismo. Más bien, debe abrir paso a un nuevo consenso internacional que combine legítimas preocupaciones nacionales con un compromiso renovado hacia un orden económico inclusivo, justo y cooperativo.
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