La productividad es el espejo de la calidad institucional y de la capacidad de aprendizaje de una sociedad. En América Latina y el Caribe, ese espejo devuelve una imagen fragmentada, caracterizada por avances dispersos, retrocesos silenciosos y una distancia creciente entre el discurso de la transformación productiva y su ejecución efectiva. El informe de la CEPAL (2025) confirma que la región permanece atrapada en una triple trampa donde el bajo crecimiento, la alta desigualdad y la débil gobernanza conforman la madeja. La primera —la trampa de baja productividad— no es un accidente cíclico sino un fenómeno estructural, derivado de la falta de cambio hacia sectores de mayor dinamismo y del escaso progreso dentro de los ya existentes. Esta estasis genera una brecha persistente entre capacidades tecnológicas y capacidades institucionales, lo que Cirera y Maloney (2017) denominaron la “paradoja de la innovación”; esto es, países que invierten más en conocimiento sin traducirlo en productividad.
La evidencia de la CEPAL muestra que, desde 2017, la productividad laboral regional se mantiene por debajo del promedio mundial; las grandes empresas latinoamericanas producen apenas el 32% del nivel de sus pares europeas, y las microempresas, menos del 17%. Además, la desigualdad interregional se ha convertido en una convergencia regresiva, donde los territorios más productivos cayeron más rápido que los rezagados, provocando una nivelación por descenso. Esa asimetría fractura la difusión tecnológica y debilita la cohesión social, pues los territorios que pierden productividad también pierden empleo formal y calidad del gasto público. La heterogeneidad estructural, como recordaban Cimoli, Dosi y Stiglitz (2019), es una ineficiencia colectiva en la que los sectores de punta no arrastran a los rezagados y la política pública carece de instrumentos que lo hagan posible.
Superar esta trampa exige pasar del diagnóstico al diseño operativo. La cadena causal es clara: políticas de encadenamiento → aumento de productividad sectorial → diversificación → mayor ingreso y cohesión → sostenibilidad fiscal. Para que esa cadena causal pueda activarse en la práctica, el primer paso es desplegar un conjunto coherente de políticas productivas orientadas a reducir la brecha estructural entre empresas grandes y micro. Ello supone acercar capacidades y no solo transferir recursos: fortalecer el extensionismo tecnológico para difundir conocimiento productivo, establecer sistemas de certificación de calidad y normalización que eleven los estándares de las MIPYME, canalizar financiamiento condicionado al desempeño, y utilizar el poder de compra del Estado mediante compras públicas pro-innovación, que generen demanda temprana y validación de nuevos productos o procesos. En conjunto, estas herramientas crean el entorno que permite que la innovación deje de ser un discurso y se convierta en productividad medible; segundo, un sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) gobernado por resultados, con poder real sobre el presupuesto y coordinación interministerial y tercero, políticas territoriales que inviertan en proyectos con productividad incremental verificable en lugar de subsidios generalizados.
En tal virtud, la región necesita trascender la lógica de la política de anuncios —centrada en la proliferación de programas sin articulación ni seguimiento— y transitar hacia una política de ejecución, basada en instrumentos pocos, pero robustos, de escala suficiente, con trazabilidad presupuestaria y rendición de cuentas. No se trata de multiplicar iniciativas, sino de consolidar políticas con capacidad real de transformar estructuras productivas y de aprendizaje.
Así, América Latina puede aspirar a elevar su productividad anual en 1–1.5 puntos porcentuales por encima de la tendencia 2014-2024 si logra que al menos un tercio de las MIPYME de los clústeres priorizados reciba asistencia técnica y financiamiento atado a desempeño, y si las “empresas tractoras” destinan al menos el 20% del valor de las compras de bienes y servicios de adquieran a proveedores locales o internacionales certificados. La viabilidad fiscal no radica en nuevos fondos, sino en reorientar gasto improductivo; esto es, el 0.6% del PIB regional destinado a subsidios empresariales dispersos podría financiar programas de encadenamiento con retorno social positivo (CEPAL, 2025).
En la República Dominicana, la posibilidad de romper el patrón inercial es tangible. El Plan Meta RD 2036 se propone duplicar el PIB y alcanzar el pleno desarrollo mediante doce comités público-privados y un ciclo de diagnóstico-implementación-evaluación continua (Gobierno de RD, 2025) y paralelamente, la Política Nacional de Innovación 2030 busca integrar CTI con productividad. Si ambos marcos convergen bajo una gobernanza unificada —contratos de desempeño, metas trimestrales y tableros públicos— el país podría transformarse en laboratorio regional de política basada en ejecución. Tomando los datos de CEPALSTAT (2025), la productividad laboral dominicana ronda los 44,000 USD por ocupado (constantes 2018), frente a un promedio regional de 37,000 USD; para 2030, alcanzar 60,000 USD por ocupado implicaría un crecimiento compuesto anual de 4.8%, que es factible si los sectores priorizados como manufacturas escalables, agroalimentos de valor, servicios basados en conocimiento y salud tecnológica, logran incrementos de 1.5–2 puntos porcentuales anuales.
No obstante, el desafío central no es técnico, la sostenibilidad institucional se erosiona cuando los órganos de coordinación carecen de poder presupuestario, los equipos técnicos se disuelven con cada ciclo político y los programas terminan moldeados por los mismos grupos que deberían transformar. En tales condiciones, la política pública pierde capacidad de aprendizaje porque los consejos deliberan, pero no deciden; los equipos ejecutan, pero no permanecen; y los programas se mantienen, pero sin cambiar su efecto. Como advierten Hausmann y Rodrik (2006), el riesgo de la política industrial no es equivocarse, sino no aprender.
En la República Dominicana, al parecer será necesario convertir los comités sectoriales en órganos de ejecución con poder financiero, sujetos a auditorías y evaluación pública. A nivel macro, la disciplina fiscal debe acompañar la transformación, bajo la premisa que cada peso invertido en productividad debe generar retorno verificable en recaudación y empleo formal. Así, la reforma productiva ha de convertirse también en estrategia de sostenibilidad fiscal.
El componente ambiental añade otra capa de complejidad. La CEPAL sitúa el desarrollo productivo verde e inclusivo como subcategoría de las Productive Development Policies (PDP). En este marco, la República Dominicana puede aprovechar su matriz energética en transición y el turismo sostenible para integrar objetivos de productividad con reducción de emisiones y empleos verdes. Incorporar indicadores de intensidad energética por PIB sectorial y proporción de empleos verdes en la industria turística permitiría medir el progreso simultáneo en eficiencia y equidad.
De cara a 2030, el escenario transformador se define por tres metas realistas: (1) aumentar la productividad laboral nacional en ≥ 30%; (2) reducir la brecha grande-micro en 25%; y (3) lograr que 60% del gasto público en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) esté vinculado a resultados verificables. Cumplirlas requiere una burocracia competente, alianzas público-privadas disciplinadas y continuidad política. Como recuerda Aghion y Howitt (2021), la destrucción creativa solo genera bienestar cuando las instituciones amortiguan sus costos y redistribuyen sus beneficios.
En suma, América Latina y la República Dominicana enfrentan la misma paradoja: la abundancia de estrategias y la escasez de ejecución. El desarrollo no depende de la retórica de innovación, sino de la capacidad de gobernar presupuestos, medir resultados y aprender de los errores.
Si la región logra transitar del diseño a la implementación disciplinada —donde la productividad, la innovación y la sostenibilidad converjan—, el 2030 puede marcar el inicio de una nueva etapa en que el crecimiento deje de ser episódico y se vuelva estructural, equitativo y fiscalmente responsable. La productividad, entonces, dejará de ser un diagnóstico para convertirse en política de Estado.
Referencias
Aghion, P., & Howitt, P. (2021). The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations. Harvard University Press.
Cimoli, M., Dosi, G., & Stiglitz, J. E. (2019). The Political Economy of Capabilities Accumulation: The Past and Future of Policies for Industrial Development. Oxford University Press.
Cirera, X., & Maloney, W. F. (2017). The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up. World Bank.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025 (LC/PUB.2025/14-P). Naciones Unidas.
Gobierno de la República Dominicana. (2025). Plan Meta RD 2036: Estrategia de Desarrollo Económico Acelerado y Sostenible. Comisión Presidencial Meta RD.
Hausmann, R., & Rodrik, D. (2006). Doomed to Choose: Industrial Policy as Predicament. Center for International Development, Harvard University.
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