Las prioridades actuales de la gestión pública del sector turístico son poco conocidas por la opinión pública. Casi siempre los medios de comunicación reportan la percepción de los lideres del sector privado y, en vista de que los incumbentes del sector público no guían sus declaraciones públicas por un plan preestablecido, el sesgo perceptual resultante favorece a los privados. Algunas noticias recientes permiten evaluar las diferencias entre los intereses colectivos y los privados.
Primero hay que ponderar el marco referencial de la política publica para el sector. Al ya admitirse que nuestra industria turística esta madura, se debe inferir que para los intereses colectivos el principal foco de atención de la gestión publica debe ser el mejoramiento del producto turístico. Es decir, mejorar todo lo que ofrecemos para incrementar la derrama económica de la actividad turística, distribuyendo mejor los beneficios. De prioridad subordinada debe quedar, por ejemplo, las exenciones impositivas a las nuevas inversiones y la promoción internacional del destino por parte del estado.
Una iniciativa que fortalecerá mucho el producto de Santo Domingo sera la construcción del ansiado Centro de Convenciones. El ministro del ramo dio la buena nueva recientemente que su construcción comenzaría en 90 días. Sin embargo, no se dieron detalles y, dado que el solar de la ubicación anunciada no tiene más de 35,000 m2, se desconoce si podrá albergar el mínimo requerido de 5,000 convencionistas para una ciudad con 5 millones de habitantes. (Si la capacidad es menor estaremos en desventaja frente a La Habana, San Juan, San Jose y Panamá.) Cuando el pliego de la licitación se haga público se sabrá si los dos inmuebles estatales cercanos –hospital y universidad policial—serán usados para estacionamientos y otras amenidades.
El ministro tambien había anunciado una iniciativa de regeneración de playas con un préstamo de US$70 millones. Según dijo “es un proyecto que dirigen técnicos contratados por el BID para regenerar la playa, traer arena y con todo el cuidado del medio ambiente. Hay hoteleros que nos han pedido permiso para hacerlo, pero a todos se les ha prohibido.” ¿Compraremos pólizas de seguro para las playas como lo ha hecho Cancún? ¿Se podrá sacar arena de las Dunas de Bani o sera necesario importarla desde Marruecos como lo ha hecho Cancún? ¿En qué medida el proyecto incluiría jardinería de corales? ¿Incluirá las servidumbres para el libre acceso a las playas?
Otro proyecto para mejorar el producto turístico es el de “saneamiento universal de ciudades turísticas y costeras.” De este proyecto se supo por una reseña que hiciera la prensa sobre los préstamos que están pendientes de aprobación en el Congreso. Según la prensa, el préstamo fue sometido durante la pasada legislatura extraordinaria y “fue suscrito por 140 millones de dólares.” Como la información sobre el mismo es tan escueta no se puede asegurar nada sobre sus componentes. Se supone que su blanco serán los municipios turísticos ubicados en la costa, pero no se puede intuir a que se debe que el proyecto sea “universal”. Curazao es el único sitio en el Caribe donde se prepara una plataforma de lanzamiento de cohetes hacia el espacio.
Por otro lado, un reclamo reciente de Monte Plata para que sea declarada “provincia ecoturística” trae a colación que hay estructuras en el interior del pais que pueden ayudar a fortalecer nuestro producto turístico. Por ejemplo, existe más de una docena de provincias declaradas “ecoturísticas” por ley del Congreso y cuyas leyes les asignan fondos del Presupuesto del Estado. Pero esas leyes no han sido aplicadas y habría que evaluar en que medida conviene que el senador de la provincia funja como presidente de los consejos provinciales que supervisaran estas estructuras.
Otra estructura que viene a la mente son los clústeres turísticos, de los cuales hubo 14 para el 2015. Eran una iniciativa de la USAID de hace mas de una década, pero solo quedan algunos a nivel de provincia y municipio (Puerto Plata, Santo Domingo, Samana, La Altagracia, Pedernales). Tanto los consejos ecoturísticos como los clústeres pudieran ser vehículos efectivos para canalizar la producción nacional de rubros agropecuarios y de artesanía hacia los hoteles. Porque ya son estructuras existentes valdría la pena que el MITUR entroncara su programa “Turismo en Cada Rincon” con ellas dotándolas de los recursos que requieren y que, en el caso de las provincias, mandan las respectivas la leyes.
Toca ahora contrastar las declaraciones de los agentes privados para saber si se ajustan a la prioridad de mejorar el producto. Uno de sus reclamos recientes tiene que ver con la conectividad aérea y la falta de competitividad. Alguien se queja de la inestabilidad del suministro de combustible (para aviones) y otro de que los impuestos para los vuelos son muy altos. Tambien piden apoyo para que las líneas aéreas nacionales vuelen a EEUU. Son tres peticiones que son legítimas, pero que, tomadas en su conjunto, son prioridades empresariales que no priorizan los intereses colectivos. Los intereses colectivos y los privados deben complementarse, pero la atención de la gestión publica debe ser gobernada por las prioridades de los intereses colectivos.
Aparentar que esas son prioridades urgentes –y solo en el área de la conectividad—resulta en una distorsión perceptual. Respecto a estos tres casos debera quedar claro que, aunque conceder lo reclamado nos haría un destino más “competitivo”, lo cierto es que serian concesiones a individuos o empresas cuya urgencia no está para nada clara. En el caso de las líneas aéreas es mas importante que haya cielos abiertos con EEUU; es deseable que algunas líneas criollas vuelen allá, pero abrir el mercado a todas las líneas aéreas del mundo es preferible. Si de impuestos se trata no habría nada que conceder: la cantidad de vuelos que recibe un aeropuerto como el de Punta Cana –más de 500 a la semana—prueba que el fisco no debe perjudicarse. Asimismo, pedir que la promoción internacional del pais se enfoque en reconquistar el mercado europeo es mas una tarea de los hoteleros y turoperadores que del estado. Lo mismo sucede con la creación de paquetes multidestino.
Donde más claro se nota la dicotomía entre el interés privado y el publico es en el caso en que se pide que las plataformas de alquiler –Airbnb, etc.—sean gravadas con impuestos. La alegada justificación es que dicho canal de alojamiento representa una competencia desleal para los hoteles. Pero si bien es cierto que el pais debe imponer algunas tasas a ese modelo de alojamiento, tambien es cierto que los hoteles deben pagar impuestos. Los generosos incentivos turísticos que les eximen del pago ya están obsoletos y nuevos gravámenes deben contrapesar a los de Airbnb. Una razón adicional es que los inmuebles de Airbnb son propiedad de nacionales mayoritariamente y es injusto que ellos se vean obligados a tributar y los extranjeros propietarios de los hoteles no.
Nuestro destino goza de una “escondida competitividad turística” en relación a impuestos y gravámenes y no luce que hay ninguna necesidad de eliminarlos o rebajarlos. En vista de que el sesgo del modelo de negocio prevaleciente en los hoteles impide una mejor derrama económica de la actividad turística –al inducir la estadía en el hotel—los impuestos son, junto a las divisas captadas y el empleo generado por el turismo, uno de los mas importantes renglones de beneficio que genera el turismo para el pais. Para el esperado Pacto Fiscal el Ministerio de Hacienda tendrá que revisar la situación impositiva del sector para corregir la distorsión existente. Los intereses colectivos tienen prioridades que no necesariamente concuerdan con las privadas.