Aunque tienen bastante competencia, en el renglón hipocresía nadie le gana a los políticos dominicanos -ni siquiera los líderes religiosos, que ya es mucho decir-. Sus duplicidades son cosa cotidiana, pero de vez en cuando llegan a colmos que hasta en ellos sorprenden, como ocurre ahora con la camarilla de peledeístas y expeledeístas (y sus bocinas) “defendiendo” a capa y espada a dos correligionarias que acusan al presidente de la Cámara de Cuentas de acoso sexual. Es cierto que hasta que la denuncia no se dilucide en la justicia hay que hablar de presunto acoso, aunque los videos de Nuria muestran al Sr. Ramírez en plena babosería machista con las dos subalternas, seguido de lo que parecen ser las insinuaciones amenazantes típicas de los acosadores.
Pero también es cierto que antes del caso llegar a la justicia ya se habían revelado sus múltiples irregularidades -como la devoción leonelista de los padres de una de las víctimas, la dilación de 9 meses en la denuncia de los hechos, la torpe tramitación de la acusación vía legisladores opositores, etc. Como muchos han señalado, los presuntos actos del Sr. Ramírez son el pan nuestro de cada día en oficinas públicas y privadas del país, incluyendo sin duda los despachos ocupados por miles de funcionarios del PLD durante sus 20 años de gobierno, sin que la dirigencia de ese partido mostrara el más mínimo interés en la problemática durante todo ese tiempo. Como ironizó una comentarista política, es loable la gran preocupación que ahora muestran los opositores, cuya defensa de las mujeres acosadas merece el apelativo de “histórica”.
Pero el premio mayor a la hipocresía en este claro intento de sabotear la CC para proteger a los ladrones del erario público -y de paso desprestigiar a todas las mujeres que en lo sucesivo intenten denunciar su acoso- se lo lleva el vocero peledeísta del Senado, Yván Lorenzo, quien con cara seria y voz acongojada se atrevió a declarar: “La Cámara de Cuentas atraviesa por una gran crisis ética y moral. Nosotros no podemos aceptar que un órgano tan importante… esté en tela de juicio”. Hilarante, Honorable.
Claro está que en materia de hipocresía, los peledeístas tienen muchísima compañía en el Congreso. Consideremos los 104 muy éticos y devotos legisladores, representantes de todos los partidos tradicionales, que el año pasado firmaron el manifiesto “Legisladores por la Vida”, en el que asumen la postura católica sobre el aborto, rechazando las tres causales y reafirmando su compromiso con la vida humana desde la fecundación. El manifiesto fue leído en el Senado por Rogelio Genao, en ocasión de la celebración del Día del Niño por Nacer.
Resulta interesante ver quiénes están y quiénes no están entre los legisladores cuyo altísimo sentido de la ética les impide apoyar las 3 causales. Por ejemplo, entre los firmantes del manifiesto destaca la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM), actualmente imputada por su participación en redes de narcotráfico y lavado de activos junto a su esposo e hijos en el Caso FM. ¿Quiénes no están? No están los diputados José Horacio Rodríguez (Opción Democrática), Pedro Martínez (Alianza País), y Juan Dionicio Rodríguez (Frente Amplio); ni los senadores Antonio Taveras (PRM) y Faride Raful (PRM). Junto al diputado Mateo Espaillat y el senador Eduardo Estrella, ambos de Dominicanos por el Cambio, estos son los únicos legisladores que voluntariamente renunciaron al barrilito y al cofrecito a su llegada al Congreso en el 2020.
Los senadores Rogelio Genao e Iván Lorenzo no renunciaron a su barrilito, por si acaso. Ni renunció a su cofrecito la secretaria de la Cámara Baja, Shoraya Suárez, quien leyó el manifiesto a los diputados. Tampoco lo han hecho ninguno de las y los activistas de la derecha religiosa que lideran la oposición a las 3 causales en ambas cámaras y que firmaron el manifiesto en masa. Porque una cosa es la ética con guitarra y otra muy diferente la ética con violín.
Para calibrar bien la fibra moral de este Congreso es bueno recordar que además de la Sra. Pilarte, hay otros diputados (y ex diputados) actualmente imputados en casos de narcotráfico y lavado de activos: en la Operación Falcón están Héctor Feliz (PRD), Nelson Marmolejos (PRM) y Faustina Guerrero (PRM), así como el esposo de esta última Juan Maldonado, ex legislador (PRD) y ex director de Comunidad Digna (PRM). Gladys Azcona, ex diputada y ex viceministra de trabajo (PLD), está imputada en la Operación FM; y por supuesto está el diputado Miguel Gutiérrez (PRM), actualmente preso por narcotráfico en los EEUU. Aun suponiendo que estos sean los únicos y que no haya ni un congresista más implicado en el narcotráfico, la lista espanta. También espanta el dilatado silencio de sus colegas -y de los medios de comunicación- en torno a estos casos.
De ahí la necesidad de muchos de presumir de lo que no tienen, o no tienen en cantidad suficiente, apelando a las 3 causales como coartada ética. El summum de la hipocresía de (la mayor parte de) este Congreso -considerado por muchos como el peor de nuestra historia moderna- es su renuencia a dotar al país de una ley de partidos que permita enderezar los entuertos del mamotreto del 2018 y empezar a adecentar el quehacer político nacional. Pero aparentemente eso no contradice los altos valores éticos de nuestros legisladores, ni de los partidos políticos que los patrocinan y que son los responsables últimos del problema. Ahora que tenemos una Procuraduría independiente, nuestra prioridad debe ser el adecentamiento de los partidos y de las nóminas vergonzosas que llevan al Congreso, tan urgido de un aseo ético a profundidad.