“El vínculo personal tan cercano con quien admitió su culpa, así como la investidura tan alta que ostentó, le impide hoy lavarse las manos con un simple “yo no sabía”. Su deber era saber y no haberlo hecho no lo exonera, máxime que, también implícito, lo único con que podía Maxy traficar era con una relación primaria con Danilo.
Cuando Danilo Medina entra en la vida pública nacional, no existen registros públicos de los bienes atribuibles a su cuñado, Maxy Montilla. Nada de lo que hayamos podido encontrar lo ubicaba como empresario de peso en 1990, cuando Medina iniciaba su ascenso político. Tampoco lo hacía el rumor público.
Era octubre de 2016, el ruido del caso Odebrecht ya se sentía en la región y en el país empezaban a acumularse denuncias de sobrevaluaciones y financiamiento turbio de campañas. Danilo, recién reelegido y todavía con la popularidad en alto, buscó cortar de raíz la conversación incómoda. Lo hizo en público, frente a cámaras y micrófonos, convencido de que bastaba con negar para despejar la sospecha. En ese instante, más que un argumento, ofreció una postura: la de un presidente que prefería minimizar las señales de alarma y tratar de convertir en exageración colectiva lo que poco después se revelaría como una de las tramas de corrupción más grandes del continente. Hoy, frente a un intento de hacer lo mismo, quisiéramos responder la pregunta que hace casi nueve años formuló el expresidente.
Treinta años después de iniciada la carrera política de Danilo Medina y nueve años después de la pregunta que da título a esta nota, tan famosa como desagradable, podemos dar respuesta al exmandatario, gracias a la Operación Anti-pulpo. Su cuñado, Maxy Montilla, admite responsabilidad penal y pacta con el Ministerio Público la devolución de más de tres mil millones de pesos, además de colaborar con información sobre otros involucrados.
Reunir RD$3,000 millones en cuatro décadas es estadísticamente imposible sin contar con accesos que digamos no están abiertos a todos. El hecho de que el progreso de Montilla coincida con el ascenso de su cuñado hasta la Presidencia (2012–2020) mueve a suspicacia. Desde aquí, a Maxy Montilla no se le ve como un empresario, ese que crea valor, injustamente acusado, sino más bien como alguien que, aprovechando vínculos, debía traficar con influencias para hacerse económicamente a la sombra del Estado. El acuerdo firmado hace irrebatible esta conclusión.
Es necesario decir que, con tanto dinero, si Montilla se supiera inocente, tenía medios con qué pagar abogados y resistir. Si optó por aceptar su culpa, devolver miles de millones y, sobre todo, entregar información que ayuda a la fiscalía, no queda espacio para dudas. A partir de ahí, no cabe la nebulosa alaraca de “me persiguen” y queda claro que el Estado dominicano ha sido defraudado por personas muy cercanas al presidente que nos gobernó de 2012 a 2020.
En este contexto, Danilo Medina decide hacer unas declaraciones en el “Sol de la Mañana” que merecen ser leídas con calma, pues dicen más del emisor que del defendido. El asunto aquí no es cómo manejó Danilo la noticia, sino cómo debía él, como jefe de Estado u hoy como exmandatario, manejarla.
Lo primero que llama la atención es que Danilo trata lo sucedido en clave de honor personal, olvidando por completo el contexto de una malversación de unos RD$3,000 millones. En este contexto, el “honor personal” debiera ser la última preocupación de cualquier servidor público, máxime tratándose de un presidente, honor que normalmente sobrevive a la función. ¿Qué controles fueron violados? ¿Cómo? ¿Montilla lo hizo o la gente le abrió cancha? Detalles como estos habrían dado luz a si Danilo hizo algo para prevenir que sus allegados abusaran de esta cercanía. La pregunta obvia no es: ¿Qué honor puede tener alguien que hace lo que Montilla admite? Sino: ¿Qué debiera pesar más para Danilo, su relación primaria con una persona o su condición de jefe del Ejecutivo cuando los hechos sucedían?
Luego, Danilo toma distancia del entramado: “Tú no me pediste opinión y yo no tengo por qué exigirte”. Claro que tiene por qué exigir, porque Danilo representaba en ese momento el interés colectivo de 12 millones de personas, 42% de ellos exhibiendo altos niveles de exclusión. Si a esto añadimos que en un régimen tan presidencialista como el dominicano, resulta difícil creer que contratos de gran tamaño aterricen mágicamente en manos de un familiar del presidente sin que este lo sepa, nadie se lo reporte o quien hizo la concesión no buscara luego algo del poder. Aun concediendo que no haya una línea directa al despacho, el deber mínimo de cualquier presidente es prevenir que los cercanos a él abusen del poder, utilizando su nombre para enriquecerse.
Visto así, el deber de Danilo era prevenir conflictos de interés, reforzar controles y cerrar atajos. Si el presidente no se enteró, mal. Si se enteró ayer, hoy o mañana y en vez de actuar se hace a un lado, peor. En ambos casos hay un fallo craso tanto de supervisión como de integridad. Supiera o no, es poco importante. El vínculo personal tan cercano con quien admitió su culpa, así como la investidura tan alta que ostentó, le impide hoy lavarse las manos con un simple “yo no sabía”. Su deber era saber y no haberlo hecho no lo exonera, máxime que, también implícito, lo único con que podía Maxy traficar era con una relación primaria con Danilo.
También llama la atención el uso de una anécdota privada como herramienta pública y política. Nadie puede dictar los límites de la vida familiar de otro, pero cuando se gobierna lo privado y lo público chocan. Llevar a los medios una escena doméstica para tratar de blindarse frente a la opinión pública distrae y no suma. El asunto no es si en el comedor de la casa se habló fuerte o suave. El asunto debiera ser si durante su gobierno se montó o no una red para ordeñar al Estado. El asunto es saber qué hizo él, o cualquier otro presidente, para prevenir que eso pasara. El asunto es, a lo menos, que cualquier persona cuyo nombre es usado para delinquir debería asumir aquello como una afrenta y no tratar de minimizarlo.
En fin, las declaraciones de Danilo nos hablan de una seria ausencia de autocrítica. Si su cuñado acumuló tanto dinero en los años del poder, algo falló. Puede ser intencional o no el fallo. Puede ser que hubiera un error de diseño, de control, de cultura interna, de prioridades. Lo honesto, lo correcto, sería reconocerlo, decirnos qué salió mal y cómo él piensa que esto se evitaría en el futuro. Lo honesto no sería hablar de “persecución” sino felicitar al Ministerio Público por el trabajo hecho y porque de alguna forma, este trabajo hace lo que él debía haber hecho. Eso elevaría el debate y ofrecería una salida digna. En cambio, lo que oímos es una defensa tácita entre el “honor personal” y la “persecución” que deja un claro sabor a una retórica que quiere matar cualquier responsabilidad propia.
Finalmente, una pregunta que tampoco he oído: ¿Lo malo es que Montilla haya desfalcado al Estado o que lo haya admitido? Porque de lo dicho en la radio parece que lo único malo que ve Danilo es que se haya admitido; que haya desfalcado ni siquiera está en la órbita de atención de la declaración.
Nuestro país lleva con este mismo libreto desde el inicio mismo de la República, personas que aprovechan las estructuras públicas para enriquecerse. Pero esto no es una excusa válida para sumarse a esta vergüenza histórica de la nación dominicana. Lo que sí es distinto es que nunca, que recordemos, ha tenido esta escala, ni en monto ni en cercanía; nunca había sido hecho con tal desfachatez, a lo que se le añade que uno esperaría que los “hijos de Bosch” tendrían un comportamiento distinto y que en pleno siglo XXI, con una economía grande y una democracia enraizada, uno esperaría que la República Dominicana hubiera ya superado este libreto.
Reducir el caso a la “dignidad personal” de un imputado es desviar la mirada. La discusión de fondo es otra: qué actitud debe tener un exjefe de Estado cuando su familia delinque, cómo se blindan las compras públicas a futuro, cómo se vigila que las empresas que contratan con el Estado no sean testaferros de personas con cercanía cierta al poder, cómo se detectan y evitan a tiempo los conflictos de interés, qué controles se activan cuando hay parientes cerca del poder. Ninguna de ellas se contesta con retórica. Todo esto se logra con procedimientos, auditorías, límites claros y consecuencias reales. Cuando esas piezas encajan, los incentivos cambian y no hay que oír las conversaciones íntimas.
La devolución de estos RD$3,000 millones malversados durante el gobierno de Danilo Medina no cierra la historia, pero sí la ordena: hubo extracción indebida de recursos públicos durante el gobierno de Danilo, y hubo ya al menos un reconocimiento de ese hecho por los propios actores. Las palabras del expresidente no borran, ni borrarán, esa línea. Podrán intentar reescribir la escena, vestirla de épica personal o de victimismo, pero el rastro documental es tozudo y tiene patas. El problema no es solo lo que Montilla se llevó. El problema es el sistema que lo permitió, mirando a otro lado, por desconocimiento, por tolerancia o por cálculo. El problema es que, quienes debían impedirlo, como Danilo, no sientan la necesidad o la inclinación de hacerlo y confundan, o quieran confundir, el trigo con la paja. Lo malo son los hechos, no que estos se admitan.
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