Mañana se inaugurará en Madrid la 123ª sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. En el orden del día figura un punto central: la votación para recomendar a la Asamblea General —que se celebrará en noviembre en Arabia Saudita— el candidato que ocupará el cargo de secretario general.
Como señalé en una entrega anterior, el retiro por parte de Georgia de la candidatura del actual secretario general, quien aspiraba a un tercer mandato, ha abierto, por primera vez, una posibilidad real de que un latinoamericano ocupe esta posición estratégica. En este nuevo escenario, el nombre de Gloria Guevara, de México, ha emergido como una de las candidaturas más sólidas.
Sin embargo, preocupa y decepciona constatar que uno de los otros cuatro países latinoamericanos que, junto con República Dominicana, son miembros del Consejo Ejecutivo haya impulsado una iniciativa tan inusual como cuestionable: la solicitud, dirigida a la presidencia del Consejo (actualmente en manos de Brasil), de reabrir el proceso de presentación de candidaturas. El argumento central: la decisión de Georgia habría generado una “situación excepcional” que altera “la configuración previamente existente de candidaturas y avales”, impidiendo “el ejercicio pleno y equitativo del derecho de participación e influencia de los miembros”, y socavando “como la previsibilidad del proceso y los derechos de las minorías”.
Si bien la afirmación sobre el carácter excepcional del retiro puede considerarse legítima, el resto del razonamiento resulta claramente ambiguo, débil y estratégico. El retiro de candidaturas no es un fenómeno inédito. Como indiqué anteriormente, por razones de transparencia institucional, este tipo de decisiones debería explicarse públicamente, pero ello no implica automáticamente revisar normas ya establecidas.
No hace falta ser ni Maquiavelo ni Talleyrand para intuir que el verdadero objetivo de esta solicitud de reapertura es facilitar el regreso del actual secretario general, una figura cuyo mandato ha sido objeto de controversia tanto dentro como fuera de la organización.
Los antecedentes no respaldan esta maniobra. En una situación análoga, Seychelles retiró su candidatura en vísperas de la elección, y no se consideró necesario reabrir el proceso.
Este tipo de decisiones, como es lógico, se adoptan con base en el dictamen de la oficina jurídica de la organización. Resulta, por tanto, perturbador leer en la prensa que la misma funcionaria que entonces desestimó la reapertura del proceso no solo habría cambiado de parecer, sino que incluso podría haber alentado al gobierno uruguayo a presentar la solicitud. De confirmarse, estaríamos ante una conducta merecedora de ser analizada, más allá del caso específico, tanto desde el punto de vista formal como ético.
Una pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde pueden llegar los funcionarios técnicos dentro de los organismos multilaterales cuando lo político prima sobre lo técnico? El protagonismo pertenece a los Estados miembros y, en cierta medida, al Secretario General. Cualquier injerencia activa por parte del funcionariado compromete la integridad institucional. En un caso como este, si la solicitud prospera, la permanencia en la organización sería éticamente insostenible; si fracasa, políticamente improbable.
He vivido de cerca casos similares en la UNESCO:
- candidaturas transnacionales son posibles, pero no si el país del candidato se opone. Tras el mandato de Amadou-Mahtar M’Bow, Italia exploró la candidatura de Abdus Salam, encontrando un ambiente favorable, pero cuando Pakistán la bloqueó diplomáticamente, esa candidatura no fue formalizada. Y en la elección siguiente, una posible candidatura de gran prestigio argelina nunca fue presentada por los compromisos que Argelia había asumido con la Unión Africana.
- Más recientemente, hace apenas ocho años, Guatemala retiró la candidatura de un exvicepresidente en una etapa incluso menos avanzada que la actual, para apoyar contextualmente la del candidato de Catar, sin que ello motivara la reapertura del proceso.
Sería una ironía extraordinaria que la solidaridad regional, tantas veces ausente, se manifieste ahora para favorecer —en oposición a una candidatura latinoamericana— la continuidad de una figura controvertida.
Todo indica que la solicitud de reapertura no será aceptada. Uno de los líderes más influyentes del turismo en el Caribe, el ministro Edmund Bartlett de Jamaica, ya la ha calificado públicamente de “ridícula”.
América Latina no puede seguir jugando en contra de sí misma, debilitando el turismo, una herramienta esencial para sus economías, especialmente en un momento en que el contexto geopolítico internacional ofrece una oportunidad estratégica que no debe ser desperdiciada por maniobras de corto alcance con fines locales.
Y, sobre todo, América Latina no puede seguir socavando —aunque sea de forma indirecta— los procesos, hoy ineludibles, de integración económica y política en la región.
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